El informe destaca la violación de 53 menores colombianas realizadas durante un periodo de cuatro años y señala que los casos son similares a los ocurridos en otros países donde también se encuentran bases militares estadounidenses, como "Filipinas, Japón o Corea del Sur".
La presencia militar estadounidense en Asia ha generado rechazo entre la población de los países que acogen tropas estadounidenses por las molestias que causan y los crímenes que cometen los soldados.
En diciembre pasado fue acusado el marine Joseph Scott Pemberton, de 19 años, de asesinar a un transexual en Filipinas.
Jennifer Laude, de 26 años, fue encontrada muerta en octubre en el baño de un hotel de la ciudad costera de Olongapo.
Estaba medio desnuda y presentaba muestras de haber sido estrangulada.
Su muerte provocó protestas callejeras entre una población local que aún recordaba un caso anterior.
Otro marine fue sentenciado en 2006 a 40 años de cárcel por violar a una mujer.
El marine quedó en libertad en 2009 después de que la víctima se retractara de sus acusaciones.
La población, que soporta el grueso de los 50.000 soldados estadounidenses en el país, lamenta la alta criminalidad (en un país que disfruta de unos niveles muy bajos), el ruido, los daños medioambientales y la seguridad, además de la humillante sensación de servilismo.
En 2012 se desveló que, en contra de lo defendido por Washington, se guardaron en la isla 25.000 bidones de agente naranja para la guerra de Vietnam.
Pero las mayores manifestaciones populares han sido espoleadas por los crímenes y especialmente las violaciones.
Dos marines ebrios de 23 años violaron e hirieron gravemente en el cuello a una joven que regresaba a casa en 2012.
El ministro de defensa, Satoshi Morimoto, calificó el crimen de "atroz".
Fue la última de las siete violaciones que ha documentado la prensa local.
La isla protestó en pleno en 1995 después de que tres militares secuestraran y violaran a una niña de 12 años.
Las tensiones crecientes con China y la continua amenaza norcoreana impiden a Tokio rechazar la presencia de su aliado en la zona a pesar de la oposición popular.
La problemática se ha cobrado la carrera de varios políticos.
Yukio Hatoyama alcanzó el poder en 2009 con la promesa de clausurar la base en el centro de su programa y una popularidad del 72 %.
Sólo un año después dimitía con una popularidad del 17% porque Washington le había impedido cumplir su promesa.
"La cooperación con Estados Unidos es indispensable y pido a los habitantes que, sintiéndolo, soporten ese peso", había dicho durante su mandato.
Tokio y Washington acordaron en 2013 trasladar la base desde el centro urbano de Okinawa a un terreno ganado al mar y prácticamente deshabitado después de que el primer ministro, Shinzo Abe, ofreciera a la isla 300 millones de yenes.
El trato permite a Tokio liberar a la población local de los problemas que causan las tropas y a la vez perpetuar el lazo militar con Estados Unidos.
También la población surcoreana muestra una creciente desafección hacia los casi 30.000 soldados estadounidenses apostados en su país.
La Campaña Nacional por la Erradicación de Crímenes de las Tropas Estadounidenses se creó en 1992 después de que un soldado torturara y asesinara a una mujer surcoreana.
En Seúl se produjeron graves disturbios en 2002 tras el atropello de dos escolares por un vehículo blindado estadounidense.
En 2011 se produjeron tres ataques violentos en apenas unas semanas.
El soldado Kevin Lee Flippin, de 21 años, fue sentenciado a 10 años de cárcel por entrar en el dormitorio de una joven de 17 años, violarla repetidamente, golpearla, quemarle un pecho con un mechero y robarle el dinero de la cartera.
También en ese año fue violada otra joven y una anciana de 67 años.
Las autoridades surcoreanas señalaron entonces que los crímenes de soldados estadounidenses habían aumentado de los 306 de 2009 a 377 en 2010.
Según las estadísticas oficiales, entre 2000 y 2010 las violaciones aumentaron de cero a once; los robos, de 9 a 24; y los crímenes violentos en general, de 118 a 154.
El Ejército estadounidense consideró que las cifras eran bajas teniendo en cuenta el alto número de soldados en Corea del Sur.
Los activistas denuncian que los SOFA (acuerdos firmados entre el Pentágono y los países que reciben las tropas) protegen excesivamente a los soldados estadounidenses que cometen crímenes y piden que la policía local disponga de mayor jurisdicción en esos casos.
