Expertos de la Comisión, tras debatir hoy un informe intermedio sobre dicha ley, constataron que "no responde a los principios básicos que debe reunir tal documento" e indicaron que "el procedimiento de depuración debe elaborarse y cumplirse en pie de las normas jurídicas, basándose en la Constitución del país y en los estándares europeos de supremacía de la ley y respeto a los derechos humanos".
Señalaron, en particular, que la culpa debe probarse en el juzgado y que al imputado se le debe garantizar el derecho a tener abogado y a ser escuchado en persona.
También insistieron en que el cumplimiento de las decisiones administrativas tomadas al respecto debe suspenderse hasta que el tribunal dicte su fallo.
Los expertos recomendaron que la aplicación de esa ley deje de ser de competencia del Ministerio de Justicia y que se cree una comisión independiente para supervisar su aplicación con participación activa de la sociedad ciudadana.
Anteriormente se informó que expertos de la Comisión de Venecia planean visitar Ucrania a comienzos del año que viene.
Entretanto, el encargado de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores ruso, Konstantín Dolgov, comentó hoy que las conclusiones de la Comisión de Venecia son una "señal a Kiev".
"La Comisión de Venecia exige poner fin a la depuración en Ucrania… Es otra señal a Kiev de que debe acabar con las arbitrariedades en materia de Derecho", escribió Dolgov en Twitter.
El Parlamento de Ucrania aprobó la ley de depuración el 16 de septiembre.
El fiscal general de Ucrania, Vitali Yarema, advirtió que dicho documento contradice la Constitución y las normas del Derecho Internacional. Sin embargo el presidente ucraniano, Petró Poroshenko, lo firmó, pero al mismo tiempo no descartó que podría enmendarse a instancias de la Comisión de Venecia o el Tribunal Constitucional.
Según la cancillería rusa, la ley en cuestión de hecho legitima las represiones políticas en Ucrania.
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa en el ámbito del derecho constitucional. Se dedica a analizar las leyes y los proyectos de ley y prestar asesoramiento en su elaboración.
