El presidente de México, Enrique Peña, prevé anunciar la tarde de este jueves en el Palacio Nacional una reforma en materia de seguridad por la legalidad y la abolición de la corrupción, para enfrentar la peor crisis de su Gobierno por la ola de violencia del crimen organizado.
En vísperas del anuncio, Peña dijo que la consternación nacional "marca un punto de inflexión para la nación" mexicana, detonado por la masacre de Iguala, Guerrero, donde hace dos meses seis estudiantes de magisterio rural fueron asesinados y 43 más desaparecieron.
Presumiblemente habrían sido asesinados y calcinados por policías y narcos confabulados.
El resultado de la crisis política desatada por la infiltración del crimen organizado que ha causado más de 100.000 muertes y 20.000 desaparecidos en siete años, obliga a "construir y modelar el México que queremos tener, en el que queremos vivir, un país que realmente esté alejado de escenarios de violencia", dijo el mandatario antes del evento al cual han sido invitados 800 representante de todos los poderes del país.
En un marco de protestas callejeras masivas, el jefe de Estado se apresta a anunciar un mando único entre todas las instituciones de policía nacionales, lo cual exige la reforma de la Constitución mexicana.
El secretario de Gobernación (Interior), Ángel Osorio, adelantó que el mando único policial contaría con reglas claras para homologar estándares de vigilancia, y reformas anticorrupción.
La definición de la estrategia es "la búsqueda de la seguridad, justicia con cero impunidad", para impedir la infiltración del crimen organizado en el Gobierno.
La estrategia requiere reformas en materia de Estado de Derecho, acceso a la justicia, derechos humanos, seguridad pública y desarrollo regional, para combatir la debilidad municipal, como la ocurrida en Iguala, donde un alcalde coludido con narcotraficantes dio la orden de matar a los estudiantes, según las pesquisas.
Peña termina los primeros dos años de su mandato de seis, que cumple el 2 de diciembre, aceptando en el tope de su agenda el tema de la seguridad nacional, que había relegado para encabezar otras reformas históricas demoradas por décadas, como la energética que rompió el monopolio petrolero de 76 años.
El secretario Osorio, encargado de la política interna, dijo que la estrategia consiste en "modificar completamente las instituciones donde el Estado mexicano se muestra más débil, particularmente en los municipios", infiltrados por el crimen organizado.
Organismos humanitarios excluidos
La mayor expectativa de la sociedad civil y los organismos defensores humanitarios es que Peña encare la crisis de los desaparecidos, dijo a la agencia Sputnik Santiago Aguirre, directivo del jesuita Centro de Derechos Humanos Agustín Pro SJ.
"Parece un pacto de partidos y órganos de Estado que no pondrá un énfasis en el corazón de la crisis por violaciones de derechos humanos, la desaparición de miles de personas", 22.000 en siete años, según cifras oficiales, dijo el abogado del centro que asiste a los familiares de los 43 desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa.
"Esperamos que el centro del anuncio sea la crisis de los desparecidos, no una formulación abstracta de un Estado de Derecho e iniciativas legales que han mostrado ineficacia", prosiguió el experto.
En la crisis de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala "no operó ninguno de los mecanismos que ha diseñado y promocionado México en los foros internacionales, como la pomposa Unidad de Búsqueda de Desparecidos, que no tuvo ningún papel de relevancia", lamentó.
La propuesta del Gobierno para fortalecer el Estado de derecho y el repudio del narcotráfico, "no incorpora a la sociedad civil y a la comunidad de DDHH, que ha participado en la búsqueda de personas desaparecidas por agentes estatales o por delincuentes", dijo al revelar que su prestigioso centro humanitario fundado por la orden de la Compañía de Jesús no fue invitado al acto.
El escándalo por los desaparecidos en Guerrero, "ha permitido que 150 familias hayan salido del silencio al reclamar las desapariciones de sus familiares" en la zona de Iguala, reveló Santiago Aguirre.
En ese marco, cobra sentido la versión de una madre que denunció al canal europeo France 24 que su hija, una estudiante de secundaria, había desaparecido casi tres meses antes de la masacre de Iguala, junto con 30 compañeros más, una denuncia que el Gobierno ya investiga.
