El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, aseguró a los medios de comunicación que España denegará la entrega a la sección argentina de la Interpol de los 20 acusados de crímenes del franquismo.
La jueza argentina María Servini pide la extradición para juzgarlos por varios cargos sobre crímenes que cometieron durante la dictadura en España.
Hasta el momento, sólo uno de los acusados ha afirmado que accederá por su cuenta a prestar declaración, el ex ministro del Interior de Franco, Rodolfo Martín Villa. En una entrevista a Onda cero ha afirmado que quiere defenderse "sin usar como parapeto la decisión del Gobierno de no extraditar a los afectados".
El Gobierno conservador de Mariano Rajoy alega la prescripción de los hechos y la Ley de Amnistía de 1977 para no facilitar su detención.
El ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cree que la petición de la Interpol "tendrá el mismo recorrido que tuvo la anterior reclamación", en la que finalmente no fueron juzgados.
"Es posible que cuando llegue la demanda de extradición no sean detenidos", aseguró en declaraciones a la Cadena SER.
Además, Garzón ha recordado al Gobierno de España que "estamos ante crímenes que no son amnistiables" y que es una investigación que "debe abordarse desde España, como nos reclama Naciones Unidas".
Entre los acusados se encuentran siete ministros, entre los que están el propio Martín Villa o José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia con el Partido Popular hasta hace unas semanas. También están implicados dos jueces, ocho policías, un abogado y hasta un ginecólogo.
Servini les acusa de delitos de homicidio, secuestro, tortura e incluso de la sustracción de un bebé recién nacido. "Son crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal", explica la jueza en el auto.
