La penetración del crimen organizado en estructuras policíacas y gubernamentales en México y Centroamérica ha llevado a una enorme degradación de la vida, y se puede afirmar que "padecen de narcoestados", es el diagnóstico del sacerdote Alejandro Solalinde, laureado con el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2012.
Estos países padecen "un abandono de los Estados a la ciudadanía, y una gran inseguridad, una penetración del crimen organizado, que desde hace años se confunde con los servidores públicos del Gobierno. Podemos hablar con toda seguridad de un narcoestado", dice a Nóvosti el líder humanitario, quien a sus 69 años dirige un albergue para migrantes ilegales en Oaxaca.
El reconocido sacerdote ha hecho una denuncia dramática al desvelar los testimonios que ha obtenido de uno de los propios agresores, que a los 43 estudiantes desaparecidos "los mataron", y a algunos heridos "los quemaron vivos".
Solalinde desconfía de la honestidad de las autoridades y es un testigo del drama de violencia que ya ha costado la vida a más de 70.000 personas en México, desde 2007: "Las autoridades, responsables del poder, no tienen un desempeño ético. Se han corrompido muchísimo y solo van tras el poder y el dinero. Pareciera que gobiernan solo para preservarse en el poder y en el dinero. La gente está abandonada, está a merced de la inseguridad y de los cárteles del crimen".
Para ilustrar ese abandono, ofrece sus cifras: "Para la gente pobre hay 35.000 policías federales, mientras que para quienes pueden pagar la seguridad hay más de 600.000 policías privados. No solo eso, de los policías federales destinados para seguridad del pueblo, se aparta a unos con la autorización de los gobernantes, para alquilarlos a los líderes financieros, empresarios, políticos; se privatizan".
Detrás de sus lentes redondas, la mirada del sacerdote es pesimista y melancólica: las políticas aplicadas desde los años 90, de reducción de las políticas sociales y predomino de los espacios privados, "han traído desigualdad y pobreza; pero también han traído mucha violencia. Esta vida insoportable se debe a que los espacios nacionales se han violentado muchísimo".
Y hay otras formas del crimen poco atendidas por la prensa, se queja: "También se presenta el tráfico de órganos; porque, por muy pobres que seamos, traemos órganos que valen más de 100.000 dólares cada uno. Hay mercado para eso, y hay formas de hacer llegar los órganos con apariencia de donación. La gente no vive segura ni vive en paz".
"Hace años advertí de dos males –resume-: la absolutización del dinero, la prioridad del mercado, del capital financiero; y su contraparte: la devaluación del ser humano, que se vuelve mercancía. Así es en Centroamérica, en México y el sur de EEUU", dijo el dirigente humanitario, quien ha recibido otros reconocimientos nacionales desde la sociedad civil.
En ese marco, el respeto por los derechos humanos y el valor de las personas han ido menguando, se lamenta: "la situación es insoportable porque por todos lados vemos secuestros. Recuerde que cuando hablamos de secuestros hablamos de comprar la libertad", remarca con su dedo índice.
Las consecuencias morales muestran una degradación de la vida pública: "muchas policías y políticos se han deshumanizado. Este es un régimen hipócrita, opresor y represor".
La disyuntiva planteada es entre autoritarismo o democracia: "El Estado tiene dos caminos, construir desde la ciudadanía la vida nacional, o desde las alturas imponer por la fuerza las políticas, las reformas estructurales y las disposiciones que quiera. Este es el camino que se ha tomado".
A LOS 43 ESTUDIANTES "LOS MATARON"
Solalinde ha ofrecido una pista trágica en el caso más reciente que ha conmocionado a la opinión pública dentro y fuera de México, para aclarar los ataques de policías municipales y narcotraficantes aliados contra estudiantes de magisterio rural en Iguala, estado de Guerrero, hace tres semanas, que dejaron seis muertos, 20 heridos y 43 jóvenes desaparecidos: a estos jóvenes los mataron y a algunos los quemaron vivos, afirma.
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"Los testigos me dicen que los mataron y algunos estaban vivos. Que yo sepa, ese testimonio no lo han dado a las autoridades. Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos", revela.
Los aspirantes a maestros rurales de Ayotizinapan del estado de Guerrero (sur) "han sido objeto de un proceso de criminalización y penalización de la protesta social", denuncia a la vez.
El caso se suma a otros, a lo largo estos años: "Hay una línea muy clara, por eso están en la cárcel muchos disidentes, a quienes se les puede llamar presos políticos. Estos muchachos forman parte de las escuelas rurales que han sido, desde que se crearon, el patio feo de la educación, porque han sido un punto muy crítico, han sido los más pobres, los más desfavorecidos, los más abandonados".
El sacerdote expresa su indignación por la conducta del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre: "con una pose de persona honesta, dice que tiene la esperanza de que estén con vida y que los están buscando. No los van a encontrar porque están muertos y él lo sabe perfectamente".
También la política del Gobierno federal de Enrique Peña es blanco de sus críticas: "Me ha indignado mucho la forma que la Cancillería hace una campaña para que los cónsules aminoren el impacto de esta noticia en el mundo. A los pocos días de que la comunidad internacional muestra estupor e indignación por el hecho, la Cancillería dice que el Gobierno de México celebra que los gobiernos se unan a la búsqueda de la verdad. Hay tanta hipocresía", expresa el sacerdote.
"Que quede claro: el ser humano no les importa. No les importan los pobres, los estudiantes de las normales rurales han sido los más despreciados por el Gobierno. No los quieren" expresa Solalinde, quien recibió de manos del presidente Enrique Peña el Premio Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 2012, a pocos días de iniciado su mandato.
"¿Por qué aparecen cuerpos por todas partes? –se pregunta– Es una cosa terrible. Hablamos de desaparecidos; pero allí están apareciendo cadáveres y fosas clandestinas por todas partes (más de 15 hasta ahora cerca de Iguala, 200 kilómetros al este, donde fueron agredidos y secuestrados los alumnos). Es legítimo preguntarse: si no son los estudiantes entonces ¿quiénes son? Hay muertos por todas partes".
Esa tragedia se presenta en varios puntos del país, dice el sacerdote que denunció una masacre de 72 migrantes en una bodega de Tamaulipas, noreste de México, en agosto de 2010: "En el estado de Chiapas hay muchísimas fosas clandestinas, en Veracruz, en Oaxaca. En la ciudad donde yo vivo (Ixtepec, Oaxaca) tenemos una fosa clandestina. Allí mismo. No se sabe ni cuántos ni quiénes son, no se sabe nada".
Inmigración ilegal en Estados Unidos >>
La migración ilegal de centroamericanos, es un fenómeno que el sacerdote ha investigado, es la otra cara del drama "Es igual en la frontera con EEUU y toda la ruta de la migración del Golfo de México. Hace poco en Sonora acaban de descubrir 36 cuerpos. Y eso no se dio mucho a conocer".
Dos meses después de que el presidente Peña fuera aplaudido por el mundo por una audaz negociación entre las fuerzas políticas para lograr una docena de reformas estructurales, México ha mostrado un rostro sombrío: "Las reformas estructurales van a terminar en frustración, porque nadie quiere invertir en un país inseguro, con un Gobierno y un estado que viola sistemáticamente los Derechos Humanos".
En medio de todo esto, Solalinde tiene una ilusión: "Mi esperanza es que la sociedad civil reaccione, que los jóvenes reaccionen con su fuerza formidable. No todo está perdido".
