Los organismos humanitarios de la ONU y de la OEA urgieron este viernes a México a desplegar acciones urgentes para encontrar a 43 estudiantes que están desaparecidos en el estado de Guerrero desde una noche de violencia hace una semana, mientras crece la desesperación de los familiares.
El gobierno de Enrique Peña implementó operativos de búsqueda en los que participan los padres de familia, pero no han encontrado ni un rastro de los estudiantes desaparecidos desde la noche violenta del 26 de septiembre, que dejó seis muertos y unos 15 heridos.
La zozobra de las familias
"Tenemos una gran preocupación, porque no hay acciones de inteligencia por parte del Gobierno que aseguren las áreas de los operativos de búsqueda, hay ausencia de una acción coordinada del Gobierno federal", dijo la noche del viernes a la agencia Nóvosti el abogado de los familiares de los desaparecidos, Vidulfo Rosales.
En su única declaración pública sobre el caso, el presidente Peña dijo el martes que el Gobierno federal "no puede sustituir las responsabilidades que tienen los Gobiernos estatales", como el de Guerrero.
"La ausencia federal es preocupante, porque el Gobierno federal se ha deslindado, en vez de involucrarse. No hay peritos ni agentes del Ministerio Público federal que documenten la búsqueda y los hallazgos", dijo Rosales, asesor jurídico de Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, quien asiste a los padres de los estudiantes.
En Guerrero ha habido violencia del crimen organizado estos años "pero nunca había habido una desaparición de esta magnitud, ni ese tipo de violencia se había cometido contra estudiantes. La barbarie ha rebasado la capacidad de respuesta del Estado", lamentó Rosales.
La fiscalía de Guerrero ha dicho que 19 de 22 policías detenidos por los ataques dispararon sus armas, de acuerdo con las pruebas periciales de balística y están detenidos.
"No podemos verificar que los policías detenidos son los mismos que estaban en las patrullas que se llevaron, al menos, a unos 25 estudiantes en cinco patrullas, según testigos", explicó el abogado, quien mencionó los números de las patrullas.
Este viernes, los padres de los desaparecidos, líderes de los estudiantes y ONGs, humanitarias se reunieron con subsecretario de Gobernación (Interior), Luis Enrique Miranda, hombre de confianza del Presidente Peña, antes de que ganara las elecciones presidenciales en julio de 2012.
"Le exigieron al gobierno federal de Peña que se involucre de manera directa" en el caso, dijo el defensor humanitario.
La ONU exige a Peña una reacción pronta
El Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU-México) condenó "enérgicamente" la serie de cuatro ataques vinculados entre la noche del viernes 26 y la mañana del sábado 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, Guerrero, 200 km al sureste de la Ciudad de México, donde murieron seis personas y otras 14 resultaron heridas.
Se trata de "uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes y nos compele a hacer un llamado humanitario a quienes tienen en su poder a las personas desaparecidas a que respeten la integridad y vida de los jóvenes, los liberen de manera inmediata o, en su caso, hagan posible dar con su paradero", dijo la ONU México.
Un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", del municipio de Ayotzinapan, en el conflictivo estado de Guerrero –foco de la violencia del crimen organizado-, siguen desaparecidos, y sólo uno de los detenidos apareció con signos de tortura y desollado.
Los eventos trágicos fueron "detonados por operativos en los que se señala la participación directa, preponderante e intencional de elementos de la policía municipal de Iguala, e incluiría además individuos armados no identificados y vehículos civiles", dijo en un comunicado la misión de la ONU en México
La ONU se hizo eco de la zozobra de las familias, por "el dolor de los deudos y al clamor de la ciudadanía para que se encuentre con vida a los desaparecidos".
El organismo exigió al Gobierno mexicano de Enrique Peña "una respuesta pronta y vigorosa" en el marco del respeto de los derechos humanos.
El Estado mexicano debe hacer "una búsqueda efectiva y diligente que permita la localización inmediata de las personas desaparecidas", y sancione a todos los autores de lo sucedido, remarcó el Sistema de las Naciones Unidas en México.
Las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han desplegado a personal en el terreno y ha tenido contacto directo con víctimas, sus familiares, autoridades locales y estatales, el organismo público local de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
La CIDH de la OEA exige acciones urgentes
A su turno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH de la OEA) emitió este mismo viernes "medidas cautelares" a favor de los 43 normalistas que permanecen desaparecidos y exigió al Estado mexicano "acciones inmediatas" para dar con el paradero con los estudiantes.
A siete días de la "desaparición forzada y demás actos de violencia perpetrados en contra de estudiantes" normalistas la CIDH, con sede en Washington, activó el aciago mecanismo, diseñado "frente a casos de situaciones graves y urgentes que impliquen el riesgo de un daño irreparable a los derechos humanos de una o más personas".
La acción de la CIDH de la OEA exige al Estado mexicano que "adopte aquellas medidas necesarias para proteger a las víctimas y prevenir que se actualicen mayores daños a sus derechos".
El caso reviste las características de "gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables” debido, entre otros, a la "falta de conocimiento sobre el paradero o destino de los 43 estudiantes… a pesar de las denuncias interpuestas" por sus familiares.
Una noche de ataques contra los estudiantes
La CIDH denunció que el pasado viernes 26 de septiembre, un grupo de policías municipales "disparó indiscriminadamente" contra los estudiantes mientras viajaban en autobús.
Los jóvenes afirman que se dirigían a la capital de Guerrero, Chilpancingo, a preparar la conmemoración del 2 de octubre de 1968, cuando ocurrió la masacre de 200 estudiantes la Plaza de las tres culturas del barro de Tlatelolco, en la Ciudad de México
Luego fueron bajados "aproximadamente 20 o 25 estudiantes con lujo de violencia y llevados detenidos, sin que hasta ahora las autoridades hayan proporcionado información sobre la ubicación de las personas".
Posteriormente, cuando otros de los estudiantes empezaban a denunciar los hechos ante los medios de comunicación que llegaban al lugar, "llegó una camioneta de personas armadas quienes igualmente accionaron armas de fuego en contra de los normalistas, provocando la muerte de dos de ellos en el momento".
Además de los 43 estudiantes desaparecidos, "decenas de sobrevivientes huyeron ante los ataques, sin que podamos descartar que los atacantes armados hayan alcanzado a algunas de estas personas", dijo el organismo humanitario de la OEA.
Los estudiantes desaparecidos están en riesgo de daños sin remedio: "constituyen la máxima situación de irreparabilidad, al tratarse de desapariciones y posible privación de la vida y la integridad física".
Por esa zozobra general, la Comisión exigió al Estado mexicano "las medidas necesarias para localizar a los normalistas y proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal".
"El Presidente Municipal (alcalde) de Iguala, Luis Abarca, pidió el martes licencia para encarar la investigación; y se montó un operativo judicial para detenerlo; pero ya no lo encontraron, ni en la presidencia municipal ni en su residencia particular", dijo a Nóvosti el abogado humanitario.
El alcalde de Iguala tiene en su contra supuestas investigaciones previas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, de acuerdo con un reporte divulgado por el programa noticioso de Radio Imagen, de cobertura nacional.
La violencia que involucra a policías en Guerrero, uno de los estados más afectados por la violencia del narcotráfico que ha dejado al menos 70.000 muertos desde 2007 en México, ocurre al mismo tiempo que la fiscalía federal anunció el martes que tres miembros del Ejército serán acusados de asesinato de 21 de 22 sicarios ejecutados después de rendirse, en el vecino estado de México que colinda con la capital.
