El reporte de un operativo militar que dejó el lunes un saldo de 22 delincuentes muertos y un soldado herido fue cuestionado hoy con escepticismo por organismos humanitarios.
“Estamos esperando un reporte oficial detallado sobre ese enfrentamiento en el cual el Ejército mató a 22 civiles armados y sólo sufrió un herido. No se han presentado evidencias”, comentó a Nóvosti la directora ejecutiva del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro.
Las oenegés esperan del Gobierno y el Ejército más información sobre el enfrentamiento, debido a las sospechas que pesan sobre los militares de cometer violaciones a los derechos humanos.
“Tenemos una preocupación porque no se cometan ejecuciones extrajudiciales, desde que el Ejército y las fuerzas federales se ha involucrado en acciones de Seguridad Pública en el marco de la lucha contra el narcotráfico”, explicó la directora del IMDHD.
El operativo militar del Ejército de México para liberar a tres mujeres secuestradas por un grupo de sicarios el lunes, se perfila como uno de los peores enfrentamientos ocurridos en varios meses entre delincuentes y tropas del ejército mexicano.
BODEGA CUSTODIADA
Los muertos pertenecían al grupo delincuencial “Guerreros Unidos”, que fueron abatidos en el central municipio de Tlatlaya, informó la noche del lunes la secretaría de la Defensa Nacional en su cuenta de oficial de Twitter, @SEDENAmx.
El choque armado ocurrió la mañana del lunes en ese municipio del central estado de México que rodea la capital mexicana, en una región fronteriza con el conflictivo estado de Michoacán, donde grupos de autodefensa se han formado para enfrentar a narcotraficantes.
Personal militar realizaba patrullajes de reconocimiento en Tlatlaya, cuando ubicó una bodega custodiada por civiles armados.
“Las personas abrieron fuego en contra de las tropas, quienes repelieron la agresión, resultando 22 agresores muertos”, entre ellos una mujer, indica el reporte de la Defensa.
En el lugar fueron incautadas “38 armas, municiones y se liberaron 3 mujeres”. Entre las armas decomisadas están 16 fusiles AK-47, seis fusiles AR15, y dos escopetas. El arsenal del grupo incluía 13 armas cortas, entre pistolas, revólveres y una granada de fragmentación, con 112 cargadores y cartuchos.
El operativo ocurre luego de que un plan estratégico federal, llamado Escudo Centro, fue iniciado el 31 de marzo pasado contra la violencia en los estados de México y Michoacán, mediante el cual se duplicó la presencia de policías federales y aumentó las tropas de las Fuerzas Armadas para realizar operativos coordinados.
El Estado de México que rodea la Ciudad de México por el norte y el oriente es el más poblado del país, con unos 15 millones de habitantes y produce casi el 20 por ciento del PIB nacional. Pero el año pasado 2013 sufrió una ola de delincuencia que lo colocó en el primer lugar en extorsiones y el cuarto lugar en secuestros.
INSTITUCIÓN MENOS CORRUPTIBLE
La la directora del IMDHD señaló que, la semana pasada, el presidente Enrique Peña, dijo que se habían reducido las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos.
Al presentar el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, “el presidente no dijo que se habían acabado esa violaciones, simplemente se habían reducido considerablemente”, comentó Rocío Culebro.
El Estado de México donde ocurrió el enfrentamiento del ejército con delincuentes, fue gobernado por el actual presidente Peña hasta 2012, y “es uno de los que registra mayor violencia, con elevado índice de inseguridad y corrupción”, recordó la directiva del IMDHD. La acción ocurrió cerca de la frontera con Michoacán, estado donde la semana pasada fue detenido uno de los fundadores de las autodefensas civiles, Manuel Mireles, acusado de rebelión.
“Aún se ignora en realidad qué ocurrió. Es saldo de muertos lo convierte en uno de los enfrentamientos más grandes de los últimos meses. La versión oficial indica que se trató de una llamada de auxilio porque había tres mujeres secuestradas”, explicó Culebro.
Los militares han estado en la mira de los organismos defensores de los Derechos Humanos de México y del extranjero. “El Ejército no está preparado para ejercer funciones de Seguridad Pública, ni enfrentar a la delincuencia organizada ni a la delincuencia común. Los militares cometen muchos errores por falta de capacitación para enfrentar estas situaciones y por eso han cometido graves violaciones a los DDHH”, añadió la directiva del IMDHD.
La secretaria ejecutiva del organismo humanitario admitió que “las Fuerzas Armadas han tenido que intervenir por la corrupción en las fuerza policiales; y son la institución menos corruptible en México”.
AVANCES IMPORTANTES
El mandatario mexicano anunció el jueves 26 de junio “avances importantes”; por ejemplo, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, ombudsman) a las dependencias del Gabinete de Seguridad “se han reducido en más del 75%, especialmente las dirigidas a las Fuerzas Armadas”.
El presidente Peña informó en ese acto que el gobierno de México ha cumplido las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); retiró las reservas a cinco tratados internacionales, y expandió los Derechos Humanos en la Constitución, a partir de 2011.
El enfrentamiento armado en el que murieron 22 sicarios ocurrió el mismo día en que la Defensa Nacional anunció un balance de operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Casi 10.000 personas han sido detenidas, más de 12 millones de dólares incautados, más de 13.000 armas, 1,9 millones de cartuchos y 1.714 granadas decomisados desde el inicio del Gobierno de Peña, en diciembre de 2012.
Desde entonces, las fuerzas de seguridad confiscaron a los delincuentes 1.064 toneladas de mariguana; 19 toneladas de metanfetaminas y más de cuatro toneladas de cocaína, así como decomisaron 12,2 millones de dólares.
El arsenal decomisado a las mafias en el actual Gobierno incluye 12.687 vehículos terrestres, 28 embarcaciones y 28 aeronaves. También fueron destruidas 329 pistas de aterrizaje clandestinas y 169 laboratorios en todo el país.
