Todo comenzó cuando el partido conservador y ultranacionalista polaco Ley y Justicia (PiS en polaco) ganó las elecciones del pasado 25 de octubre por mayoría absoluta, desbancando del poder a los centristas liberales de la Plataforma Ciudadana. Desde entonces el PiS, dirigido por el ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski, ha impuesto una serie de cambios legislativos tan rápidos y en la misma dirección ideológica que el analista británico Timothy Garton Ash no ha dudado en calificarlos de "blitzkrieg político". En menos de tres meses el Sejm (Parlamento) ha aprobado dos leyes que han puesto patas arriba el Tribunal Constitucional y los medios de comunicación públicos, provocando una inusual reacción de la Comisión Europea.
Tras una reunión del colegio de comisarios, el órgano ejecutivo de la UE decidió el 13 de enero abrir un expediente a Varsovia considerando que esas reformas vulneran los "valores fundamentales" del club comunitario, es decir, los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley. Para ello se han valido de una potente herramienta legal, el llamado Marco del Estado de Derecho, creado en 2014. El procedimiento puede durar meses, pero la Comisión ya ha fijado una reunión para mediados de marzo con el objetivo de "evaluar la situación" polaca.
Es el inicio de un protocolo inédito y complejo que podría suponer la imposición de sanciones a Polonia. En el plazo de dos meses los "hombres de negro" emitirán una evaluación oficial, determinando si el Gobierno violó o no las reglas de la Unión. Si los supervisores dijeran que sí, se elevarían unas recomendaciones para que se modificara la situación con un ultimátum. Si Polonia siguiera sin colaborar o lo hiciera de forma insatisfactoria, la Comisión propondría "sanciones de largo alcance", es decir, la suspensión del derecho al voto, algo que nunca ha ocurrido en la historia de la comunidad y que está contemplado en el artículo 7.3 del Tratado de la UE. De todas formas, este último escenario se antoja remoto pues necesitaría la unanimidad de todos los socios, menos el supervisado, y Hungría ya ha dicho que vetará esa propuesta.
No obstante, la mera intención de la Comisión ya abrió la caja de los truenos en Polonia. Primero se lanzó el Gobierno a tumba abierta. Así el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, arremetió sin ambages contra el comisario alemán, Günther Oettinger, invocando los crímenes de la época nazi: "Usted [Oettinger] pidió que Polonia sea puesta bajo 'supervisión'. Esas palabras, pronunciadas por un político alemán, tienen la peor connotación posible para los polacos. Para mí también. Soy nieto de un oficial polaco que, durante la Segunda Guerra Mundial, luchó en el Ejército Nacional clandestino [de Polonia] contra la 'supervisión alemana'". "Los alemanes no tienen ningún derecho a criticarnos. Tienen una factura pendiente sin pagar y que no se saldará hasta que pasen, por lo menos, dos o tres generaciones", declaró por su parte el ministro de Cultura polaco, Piotr Glinski. Las palabras de Oettinger provocaron incluso una protesta formal diplomática.
Luego le tocó el turno a la prensa. La revista semanal Wprost (Directo) mostró en su portada una imagen de la canciller alemana, Angela Merkel, junto al presidente del Parlamento Europeo, el también alemán Martin Schulz, al citado Oettinger y otras personalidades de la UE vestidos como nazis con el eslogan: "De nuevo quieren supervisar Polonia".
La primera ministra, Beata Szydlo, no se amilanó. En un debate parlamentario dijo que la investigación es un intento de presión y una amenaza a la soberanía nacional de su país. "Está en discusión si nuestro estilo de vida se mantendrá o se destruirá. Estamos cumpliendo el programa [electoral] elegido por los polacos y esa opción debe respetarse. No vamos a hacer política de rodillas. Nuestra asociación con la Unión Europea no es un privilegio, sino nuestro derecho". En otro momento subrayó que "la creencia de que las bases de una Polonia democrática se han roto es falsa. No es que sea una falsedad, es una calumnia". Aunque también reconoció que han podido cometer errores y hacer algunas cosas de otra forma.
Szydlo recurrió a la teoría de la conspiración que suele aplicar en sus decisiones su patrón Jaroslaw Kaczynski, al subrayar que las acusaciones que soporta Polonia forman parte de una campaña orquestada por grupos de poder y medios de comunicación. El PiS tiende a ver en todo una mano negra. Y enemigos por todas partes. Por eso sigue creyendo que la catástrofe aérea de Smolensk ocurrida en 2010 fue un conspiración rusa para acabar con la vida del presidente Lech Kaczynski, hermano gemelo de Jaroslaw, y la plana mayor militar, que también viajaba en el Tupolev siniestrado.
Nadie cuestiona el triunfo limpio y rotundo del PiS en las urnas, pero parece claro que está dispuesto a cambiar de forma unilateral las reglas del juego democrático. Y si este partido católico y euroescéptico hubiera obtenido los dos tercios de los diputados necesarios para cambiar la Constitución, no habría dudado en hacerlo pues cuenta con la complicidad del presidente, Andrzej Duda, que es quien podría vetar las leyes y no lo hace.
Lo que se denuncia es que el jefe del Estado no es neutral, los tribunales no serán imparciales, los medios de comunicación no serán independientes y los altos funcionarios no serán profesionales. El cuadro no pinta nada bien.
Lo preocupante de todo esto radica en que la 'rebelión' polaca confirma una tendencia que abrió Hungría de la mano del xenófobo Viktor Orbán y sus controvertidas leyes. Esa tendencia centrípeta y antieuropea amenaza con extenderse por otros países miembros de la Unión Europea. La Polonia de Kaczynski se ha convertido en una incómoda china en el zapato de Bruselas.
Quizás eso sirva para explicar por qué la Comisión ha creído conveniente aplicar ahora el Marco del Estado de Derecho, cuya legalidad fue puesta en tela por algunos Estados miembros, léase Reino Unido. Y quizás sea necesario recordar que los comisarios ya rechazaron utilizar este mecanismo sancionador con España —por las reformas de Mariano Rajoy que desataron una ola de desahucios- al considerar que no había una "amenaza sistémica". Esto genera más división y fomenta los bandos. Polonia se va a sumar a Hungría que tiene una relación casi hostil hacia la Comisión.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
Les invitamos a comentar la publicación en nuestra página de Facebook o nuestro canal de Twitter.
