Cuatro razones y cuatro obstáculos del proceso de paz colombiano

© REUTERS / StringerMiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana
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Cada día que pasa está un poco más cerca el acuerdo final entre los delegados del Gobierno de Bogotá y los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Con la máxima discreción, sin prisas pero sin pausas, desde hace más de dos años, se negocia en La Habana el desmantelamiento pacífico de la última guerrilla de Latinoamérica.

Se trataría de ofrecer una nueva vida a unos 8.000 combatientes endurecidos durante lustros de guerra y a las decenas de miles de personas que les apoyan en los poblados selváticos muy desfavorecidos.

Se trataría de proporcionar seguridad a aquellos guerrilleros que acepten desarmarse y desmovilizarse y también de extender esa seguridad a las poblaciones que han vivido de manera más aguda estos 50 años de combates y represión multilateral.

Se trataría de que el Estado colombiano, a través de sus instituciones democráticas, llegue con eficacia a esas zonas olvidadas y afectadas por la violencia, el odio y la temor.

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Se trataría de que las víctimas, no sólo de las FARC, sino también del Ejército y la policía, de los paramilitares y de las bandas criminales, reciban una indemnización justa a su sufrimiento mediante la creación de una Comisión de la Verdad que saque a la luz los hechos ocurridos y adopte las medidas necesarias. Tarea monumental si se tiene en cuenta que el conflicto se ha llevado la vida a 220.00 personas y ha ocasionado millones de afectados, entre desplazados y víctimas.

El actual proceso de paz colombiano, probablemente uno de los más complejos del mundo, arrancó en Oslo en octubre de 2012 y se abrió formalmente en la capital cubana un mes después. Y no es el primero que vive el país, ni mucho menos. Ya hubo varios intentos patrocinados por distintos presidentes —Belisario Betancur en 1984, Virgilio Barco en 1989 y Andrés Pastrana en 1999, entre otros- en medio de coyunturas completamente distintas de la actual. No todos fracasaron. Así, el trato suscrito con la Administración Barco supuso que los insurgentes del Movimiento 19 de abril (M-19) —que habían asaltado el Tribunal de Justicia de Bogotá, tomando rehenes y causando muertes- se transformara en un partido político de izquierdas.

Hasta el momento se respira cierto optimismo contenido pues las FARC y el Gobierno de actual presidente Juan Manuel Santos han alcanzado ya tres acuerdos de la agenda de cinco puntos pactada. Los acuerdos parciales se refieren a la reforma agraria, la futura participación política de los guerrilleros desmovilizados y la lucha contra el narcotráfico. La reforma agraria era probablemente el punto más importante para las FARC, ya que sobre ella ha pivotado toda su lucha armada desde que el movimiento insurgente fue creado en 1964 por Manuel Marulanda Tirofijo.
El segundo acuerdo versa sobre participación política. Los puntos clave son el compromiso para crear un estatuto de la oposición, que establezca sus derechos, deberes y garantías, y una reforma electoral, que incluya circunscripciones transitorias. Aún quedan dos capítulos muy delicados por aprobar: las reparaciones a las víctimas y las condiciones para un cese el fuego bilateral y definitivo que incluiría una "dejación de armas", eufemismo para la palabra desarme.

¿Por qué se negocia precisamente ahora? Estas son algunas razones de peso.

1.Voluntad política: Santos se comprometió a acabar con la subversión de forma pacífica, consciente de que la solución militar no ha funcionado. Y sabe de qué habla porque previamente ocupó la cartera de Defensa y no le tembló el pulso. Esta actitud moderada le valió la reelección presidencial en junio de 2014 en segunda vuelta frente al candidato uribista Óscar Iván Zuloaga. Por contra, expresidente Álvaro Uribe optó por la mano dura, pero mejoró los índices de seguridad.

2.Ventajas económicas: La paz contribuiría a generar más bonanza económica, pues atraería inversiones extranjeras y activaría las locales. Según los estudios hechos por la Universidad de Los Andes y otros centros académicos e instituciones, la estabilidad que llevaría pareja la firma del acuerdo supondría dos puntos de crecimiento del PIB, cuyas previsiones en Colombia para este año recién estrenado giran sobre el 4,5%, el doble de la media en Latinoamérica.

3.Cansancio de las FARC: La ofensiva militar ordenada por el expresidente Álvaro Uribe ha debilitado a las fuerzas guerrilleras, arrinconándolas a las zonas fronterizas de la selva. La desaparición de los históricos líderes de la FARC —como el Mono Jojoy, Raúl Reyes o Alfonso Cano- ha ido mermando el poder de convocatoria de la insurgencia. Los nuevos comandantes, más jóvenes y menos ideologizados que sus predecesores, se han vuelto más pragmáticos y han ido buscando objetivos realistas como la reforma agraria. Como gesto de buena voluntad, decretaron una tregua "indefinida" que se mantiene sin contratiempos desde hace un mes.

4.Efecto llamada: La actitud conciliadora de las FARC ha tenido un evidente efecto de contagio en el comportamiento de la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de inspiración guevarista, también está dispuesta a negociar. De hecho, ha mantenido encuentros confidenciales exploratorios con representantes de la Administración. El ELN, que tiene menos años de disidencia a la espalda, opera en algunas zonas muy cerca de los efectivos de las FARC y su intención de sumarse a los vientos de paz fortalecería el acuerdo de La Habana.

Sin embargo, hay muchas cosas que aún pueden salir mal, ya que como dice el acervo, el diablo está en los detalles. Pero, ¿cuáles son esos obstáculos?

1.Profunda desconfianza mutua: La larga historia de desencuentros ha generado en Colombia un profundo pozo de recelo y escepticismo muy difícil de eliminar. Aún hay dudas sustanciales acerca del compromiso de los militares con el proceso de paz, y si están dispuestos a dar los pasos necesarios para poner fin al conflicto. La violencia política ha disminuido desde el auge de los paramilitares, pero podría brotar de nuevo. Las FARC no han olvidado los miles de asesinatos que diezmaron la Unión Patriótica (UP), un partido que establecieron en el marco de las negociaciones de paz de los años 80 durante la época de Betancur.

2.Fuerte oposición política: Uribe y sus partidarios en el Parlamento estiman que con el diálogo auspiciado desde Cuba Santos está entregando el país a la subversión y negociando una paz que no traerá más que impunidad. La confrontación personal y hasta rencorosa entre Uribe y Santos debería terminar para dar paso a una solución de consenso, en aras de los intereses del Estado. Uribe, que se siente traicionado por quien fue casi su mano derecha, tiene que ser consciente de que la guerrilla sigue viva precisamente por el impulso de las acciones armadas

3.Cultura de la violencia: El país tiene muchos grupos ilegales y soporta una fuerte presencia en los carteles de droga transnacionales; todavía subsisten problemas con los exparamilitares, grupos de extrema derecha que combatieron con las armas a las guerrillas, sembrando el mismo terror que ellos. Algunos frentes guerrilleros están involucrados en la economía de las drogas y la minería ilegal y no estarán dispuestos a abandonar estas actividades ilícitas. A esto hay que sumar la violencia aún no erradicada en los suburbios de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali.

4.Apatía ciudadana: Este es un peligro silente pero fundamental. Muchos colombianos siguen rechazando que los guerrilleros no paguen con la cárcel sus delitos o que puedan participar en política una vez entreguen las armas. Los ciudadanos se preguntan por qué tienen que hacer concesiones a personas que consideran terroristas. Ven lejano el proceso de paz.

"El conflicto se hizo marginal a las grandes ciudades y a las clases medias como consecuencia de la ofensiva militar de Uribe. Eso hizo que se transformara en algo no vital. El desafío es que vuelva a ocupar la agenda y preocupe como el empleo o la eficacia de los servicios públicos". Así se expresa Javier Ciurlizza, director para Latinoamérica del International Crisis Group, una ONG especializada en la resolución de conflictos regionales. De hecho, la implicación ciudadana será imprescindible en la viabilidad del acuerdo porque éste deberá ser ratificado en un referéndum popular, donde votarán no sólo los habitantes de Bogotá sino también los más pobres.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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