Esta asociación asegura estar preocupada por la "purga sistemática y arbitraria contra jueces, fiscales, médicos, periodistas, profesores y abogados que está llevando a cabo el Gobierno turco" y considera que en las actuales circunstancias no se puede considerar a Turquía como un país seguro.
La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, trasladó la opinión de la organización en una carta dirigida al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.
Esta organización cree que las destituciones de aproximadamente 2.800 magistrados tras el fallido golpe de Estado de hace unas semanas paralizan los tribunales turcos y por consiguiente no se puede garantizar la protección de derechos de todas las personas puesto que el estado está "totalmente intervenido" por Erdogan.
"En este contexto, el cumplimiento por parte de Turquía de sus obligaciones legales en materia de refugiados no puede darse por hecho y enviar refugiados a Turquía desde Grecia solo puede considerarse una temeridad para la libertad, la integridad y la vida de los refugiados", aseguró El Consejo General de la Abogacía Española a través de un comunicado.
Por consiguiente, la abogacía solicita "que se suspendan o se revoquen definitivamente" los acuerdos de la UE con Turquía, para los que se creó un fondo de 3.000 millones de euros.
