El Gobierno español se negó a extraditar a 17 ciudadanos españoles, algunos de ellos ministros en tiempos del dictador Francisco Franco. El Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy argumentó, entre otras cosas, que firmar penas de muerte durante la dictadura no era delito y, en cualquier caso, si hubiera sido delito "estarían prescritos".
Estos argumentos, según los expertos de la ONU, carecen de base por ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos.
La llamada "querella argentina" investiga fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que pide poder juzgar a los responsables, bajo el principio de jurisdicción universal.
Los expertos reconocen que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar la solicitud de extradición. Sin embargo, apuntan a que, si no extradita, "el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad".
