"Nos vemos obligados a llamar la atención sobre la política de Kiev de menoscabo de los derechos de la población del sureste de Ucrania", declaró la Cancillería y al mismo tiempo exhortó a las organizaciones internacionales a presionar sobre las autoridades ucranianas para que dejen de aplicar esa política inhumana.
También indicó que al no pagar pensiones y subsidios a los habitantes de las provincias de Donetsk y Lugansk, Kiev infringe los compromisos asumidos conforme a los Artículos 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
"A pesar de que desde la firma del documento sobre un conjunto de medidas llamadas a garantizar el cumplimiento de los Convenios de Minsk ha pasado un mes, Kiev no ha dado ningún paso para cumplir los compromisos asumidos sobre la reanudación del funcionamiento del sistema bancario y el restablecimiento de los vínculos socio-económicos, incluidos los pagos de pensiones y otros", recalcó la Cancillería.
En noviembre de 2014, el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, dispuso retirar de Donbás todas las instituciones públicas, bancos e incluso cárceles.
Como consecuencia, los jubilados para seguir recibiendo pensiones tienen que viajar a territorios controlados por el Ejército e inscribirse allí en un registro.
Las autoridades de Ucrania lanzaron en abril de 2014 una operación especial contra Donbás, cuyos habitantes protestaban contra el cambio de poder violento en Kiev en febrero del mismo año.
El conflicto ha causado más de 6.000 víctimas mortales, según los últimos datos de la ONU.
