Dicha resolución queda ahora suspendida de forma cautelar, por lo que su efecto será inexistente hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
Está previsto que el dictamen definitivo se posponga hasta el próximo mes de septiembre.
Esta intención responde a las peticiones del Gobierno, que señaló a Carme Forcadell, presidenta el Parlamento catalán, y Carles Puigdemont, presidente del Ejecutivo autonómico, como principales responsables de la resolución.
El TC otorga 20 días a Forcadell, al resto de miembros de la mesa del Parlamento y al Secretario General de la Cámara para presenten alegaciones y demuestren que no están desoyendo las recomendaciones del tribunal.
La decisión de admitir a trámite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno y suspender de manera cautelar la resolución fue tomada de manera unánime por todos los miembros del pleno del alto tribunal.
El Gobierno considera que la resolución del Parlamento de Cataluña vulnera la sentencia del TC del pasado 2 diciembre de 2015, que consideraba anticonstitucional la propuesta de desconexión catalana.
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Del mismo modo, el Ejecutivo central cree que la cámara catalana desoyó las recomendaciones del TC, que en un auto emitido el 9 de julio de 2016 recomendó al Parlamento catalán "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos constitucionales".