Es la primera vez en la historia que una Infanta de España va a ser juzgada.
Esta doctrina tiene su origen en una resolución del Tribunal Supremo de 2007 en la que se avaló la decisión de la Audiencia Nacional de limitar la acción de las acusaciones particulares y no darles entidad suficiente para pedir la apertura de un juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.
En el caso de la Infanta, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado han presentado cargos contra ella.
Sólo el sindicato de ultraderecha Manos Limpias mantiene la acusación.
El juicio se realizará, por motivos de seguridad y de espacio, en la Escuela Balear de Administración Pública de Palma de Mallorca.
El tribunal debe decidir las responsabilidades de los 18 imputados, entre los que se encuentran también políticos y financieros, en la trama con la que Urdangarin y su socio Diego Torres se hicieron de alrededor de seis millones de euros de dinero público.
Se les acusa de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, delitos fiscal, blanqueo, estafa y falsedad.
El fiscal pide 19,5 años de cárcel a Urdangarin, un deportista de élite que se casó con Cristina de Borbón en 1997.
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Cerca de 600 profesionales de 84 medios de comunicación seguirán el juicio, en una sala que prevé asientos para 36 personas que asistirán como público y otros 120 puestos para periodistas en una sala de prensa.
