Esta reforma solo contempla una modificación importante respecto a la anterior ley, aprobada en 2010 por los socialistas del PSOE con el apoyo de otros grupos políticos.
La reforma señala exactamente que "para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales".
En este caso, "los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil".
Toda la oposición ha manifestado en numerosas ocasiones que la nueva ley es "inaplicable" ya que hace imposible cumplir los plazos legales para abortar antes de que un juez decida en caso de conflicto.
La nueva ley tampoco gusta los sectores más conservadores del PP y pro vida, que exigían al presidente Mariano Rajoy que cumpliese sus compromisos electorales y derogase la actual ley de plazos.
Sin embargo, Rajoy se encontró con una gran oposición dentro de su propio partido y de toda la oposición, por lo que finalmente decidió solamente hacer una "reforma" y no derogar del todo la normativa actual, aunque estos cambios en el caso de las menores también ha sido muy cuestionada por plataformas civiles y sociales.
