Baleares ya ha dado el primer paso. Este miércoles presentaron en una rueda de prensa un informe firmado por todos los partidos políticos, decenas de organizaciones y asociaciones en defensa de esta propuesta.
"Queremos acabar con todos los proyectos de prospecciones que están en marcha o los que puedan aparecer", explica a Sputnik Nóvosti Carlos Bravo, coordinador del secretariado técnico y portavoz de la Alianza Mar Blava, promotora de la iniciativa.
Mar Blava, compuesta por ayuntamientos y organizaciones que defienden las zonas protegidas o pendientes de protección en la región levantino-balear, quiere un "compromiso político" sobre esta cuestión.
En el caso de Baleares han conseguido una unanimidad absoluta a esta exigencia, incluso con los votos a favor del conservador Partido Popular (PP), en el poder en España.
"El Gobierno Balear, los ayuntamientos, todos los partidos políticos han suscrito este documento, por lo que el Ejecutivo central no puede hacer oídos sordos a esta petición", señala Bravo.
Sin embargo, a pesar de que en Baleares hay consenso, en el Congreso de los Diputados no es así. El Partido Popular, que preside Mariano Rajoy, se muestra dividido ante esta problemática.
"Las delegaciones del PP en Andalucía, Valencia o Baleares están en contra de las prospecciones en el Mediterráneo, sin embargo, el Ministerio de Industria es favorable, porque antepone los intereses económicos a los medioambientales", denuncia el portavoz.
A pesar de las dificultades que pueda poner el Gobierno, las organizaciones ecologistas están dispuesta a llevar esta regulación al Parlamento.
"Los socialistas del PSOE balear ya han presentado una proposición no de ley en el Senado, y en el Parlamento balear también se ha presentado una proposición, que se discutirá en breve, para reforzar esta iniciativa", apunta Bravo, que asegura que también se llevará a los Parlamentos de otras comunidades autónomas.
El portavoz de la Alianza Mar Blava explica a esta agencia que, en estos momentos, hay tres prospecciones que se han detenido por la presión ciudadana y las consecuencias medioambientales, pero hay otras que siguen en marcha.
"Entre las que se han detenido está la del golfo de Valencia, realizada por la escocesa Cairn Energy, que se vio obligada a dejar de buscar petróleo y gas por el daño que podía ocasionar a las especies protegidas, confirmado por el propio Ministerio de Medio Ambiente. Repsol también abandonó su prospección frente a las costas de Málaga, conocido como el proyecto siroco", explica.
Sin embargo, siguen activos otros proyectos en estas zonas, como el llevado a cabo por Spectrum en el Mar Balear, que ya generó más de 128.000 alegaciones, un récord histórico en un procedimiento de evaluación ambiental.
Otra multinacional belga, también quiere hacer prospecciones en el Golfo de León, frente a las costas de Cataluña y Baleares.
"Estas dos prospecciones se solapan en un área protegida, de un alto valor ecológico reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que no se pueden permitir", asegura Bravo, que recuerda que todavía hay otras prospecciones como la que Repsol quiere ampliar frente a las costas de Tarragona.
"No tiene sentido que se amplíen estas prospecciones porque el petróleo está agotándose, deberían desmantelarse", denuncia.
Según el portavoz, España debería fomentar el uso de energías renovables, que "son las que van a permitir que se reduzca la dependencia de España de los combustibles fósiles del exterior".
Si las prospecciones continúan, el daño medioambiental y económico será enorme, según Bravo. "Estas regiones mediterráneas viven del turismo y la pesca, deberían tener más peso estos sectores que las prospecciones", concluye.
