Las nuevas medidas se centran en la corrupción o en la prisión permanente revisable. El texto será remitido al Senado, que será el organismo encargado de realizar los últimos cambios y de votarlo por última vez. Los cambios, previsiblemente, serán aprobados con los votos en solitario del PP, que tiene mayoría absoluta.
Es la primera vez que un único partido en España aprueba en solitario una ley tan importante como esta y con un cambio de enfoque penal tan notable.
En este nuevo Código Penal se contempla la prisión permanente revisable en casos de excepcional gravedad, una medida muy criticada por organizaciones de derechos humanos y por la oposición, por enmascarar una cadena perpetua. Una condena que se contempla en el asesinato del rey o de su heredero, de jefes de Estado extranjeros, terrorismo o genocidio. Las penas de cárcel en estos casos serán revisadas tras cumplir entre 25 y 35 años de la condena, pero tendrá una duración indefinida. En ese momento se realizará un pronóstico para saber si es favorable a la reinserción social y de no ser así, podrá continuar en prisión.
En este caso, los grupos de la oposición rechazaron de forma unánime este proyecto legislativo porque creen que se trata de una "cadena perpetua encubierta" y que produce una inseguridad jurídica porque el acusado nunca sabe cuando saldrá de la cárcel. "Es una cadena perpetua que puede vulnerar la Constitución, el principio de seguridad jurídica y los convenios contra tratos inhumanos y degradantes y por eso estamos en contra", afirmó Montserrat Surroca, diputada por Convergencia y Unió (CiU).
Sin embargo, el proyecto de reforma del Código Penal descarta "toda duda de inhumanidad al garantizar un horizonte de libertad".
Corrupción
Otro de los puntos más destacados de esta reforma son las medidas para intentar evitar los casos de corrupción, una lacra en la política española.
Los conservadores fijan en 500.000 euros la cuantía por financiación ilegal para imponer penas de cárcel y mantienen en 120.000 el límite para el fraude fiscal. Otra de las medidas obliga a los acusados de corrupción a devolver todo el dinero robado como condición indispensable para salir de prisión.
La oposición considera estas normas "insuficientes". "Es un código penal de partido, clasista y represivo. El código penal electoral del populismo penal. Nada frente a la corrupción", aseguró Gaspar Llamazares, diputado por Izquierda Unida.
El código penal también contempla los 16 años como la edad para el consentimiento sexual y se penarán los matrimonios forzados o la divulgación de imágenes íntimas no autorizadas. También se aumentará la persecución al abandono y maltrato de los animales, incluida la zoofilia.
Una reforma muy polémica
La reforma aprobada hoy ha recibido numerosas críticas, no solo de la oposición, si no de organizaciones como Amnistía Internacional. "El proyecto de Código Penal aprobado en el Congreso supone un retroceso para los derechos humanos en España", denunció la organización. "Sigue sin tipificar adecuadamente los crímenes de derecho internacional, introduce la prisión permanente revisable sin garantizar la reinserción o rehabilitación, profundiza en la invisibilización de las personas migrantes, e incorpora graves restricciones injustificadas a los derechos de libertad de reunión y expresión", señaló la organización.
Este proyecto todavía puede ser modificado por el Senado, pero se espera que los cambios sean mínimos dado que los conservadores, impulsores de esta reforma, tienen mayoría absoluta para sacarlo adelante.
