En un escueto comunicado, Torres-Dulce asegura que lo hace por "motivos personales" y que "ya ha comunicado su decisión al ministro de Justicia, Rafael Catalá".
En los últimos meses, el Fiscal General tuvo serios enfrentamientos con el Gobierno de Mariano Rajoy. Alguno de los más sonados fueron con motivo de la consulta independentista en Cataluña, por los casos de corrupción que azotan al partido del Gobierno, el Partido Popular, o por la imputación de la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI.
A pesar de que fue designado por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no tenían muy buena relación, una situación que se mantiene con el actual ministro y también con gran parte del partido en el poder.
Uno de los mayores conflictos con la formación que lidera Mariano Rajoy fue con motivo del caso de corrupción Gürtel. En contra de lo que podía esperar el PP, Torres-Dulce decidió mantener en sus puestos a los fiscales que investigaban una de las tramas de corrupción más importantes de España, en la que están imputados muchos altos cargos del Partido Popular.
El último conflicto fue la negativa del exfiscal a ajustarse a los tiempos que quería el Gobierno para presentar una querella contra el presidente catalán Artur Mas con motivo de la consulta secesionista.
Otra de sus actuaciones más polémicas, aunque esta ante la opinión pública española, fue la defensa a ultranza que hizo de la infanta Cristina de Borbón, hija de Juan Carlos I, cuando se encontraba imputada en el caso de corrupción Nóos. El fiscal general pidió insistentemente que el juez Castro retirase la imputación.
Durante sus más de tres años en el cargo, siempre ha defendido el "escaso" trato que el Gobierno daba al Ministerio Público, del que él se encargaba. Aseguró en varias ocasiones que había una "carencia de medios personales y materiales" de la Fiscalía.
Además, rechazó algunas reformas legales como el Código Procesal Penal que, a su juicio, no ofrecía todas las posibilidades al Ministerio Público para desarrollar sus funciones.
Tras esta renuncia, regresará a su plaza en la fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
