Para el especialista, la nueva normativa es "desproporcionada", porque "hay unos niveles de indignación, especialmente a raíz de la crisis económica, que quieren limitar la base de sanciones, y eso es un grave error".
García de Pablos valora de esta ley muy negativamente. "Los juristas siempre partimos de la base de que lo que no está prohibido en el Código Penal, debe estar permitido, es un axioma jurídico. Ahora resulta que lo que no está castigado en el Código Penal, que es la ley más importante, puede estar castigado, y de forma mucho más severa, por vía administrativa, y sin las mismas garantías", explica a Sputnik Nóvosti el catedrático.
El experto asegura que con esta legislación, "el ciudadano temerá mucho más el poder sancionador de la administración que el penal, algo que a priori debería ser una absoluta contradicción, pero el derecho administrativo castigará con una rapidez y una falta de controles que en el juicio penal no existen porque es una desprotección para el ciudadano".
Ambigüedad de la ley
García de Pablos afirma en declaraciones a Sputnik Nóvosti que esta ley "se sirve de muchos conceptos indeterminados que conducen a la ambigüedad". "Cuando se habla de seguridad nacional, orden público o alarma no queda claro a qué se refieren. Todos esos conceptos jurídicos indeterminados propician una interpretación muy ambigua".
Ante esta situación de indeterminación, el experto asegura que el "grave problema" radicará en cómo se vaya aplicar la ley. "Los ciudadanos no pueden subordinar su libertad a conceptos ambiguos de seguridad, y los poderes públicos deben respetarlo. Yo creo que es muy peligroso porque es una ley desproporcionada e inadecuada", previene el profesor de Derecho Penal.
"Todo eso además se desarrolla en perjuicio de otros derechos inseparables del Estado de Derecho. Un claro ejemplo es el derecho a la información, a conocer y a formar la opinión pública. Al aprobarse esta norma puede ser vulnerado por la importancia que otorgan a la seguridad, que pasa por encima de derechos fundamentales", alerta el catedrático.
Ante esta vulneración, el experto asegura que la profesión del periodista se puede ver gravemente afectada por esta norma. "La aplicación de una sanción por fotografiar a un policía debería depender de quién haga las fotografías. No es lo mismo que las haga un terrorista, que quiere localizar e identificar a un antidisturbios, que un periodista que quiere informar de posibles abusos policiales. Sin embargo, en la ley no se distingue el motivo y todos podrán ser sancionados", explica.
El catedrático se muestra convencido de que esta norma legislativa nace "con fecha de caducidad". "Creo que finalmente se acabará imponiendo el sentido común. Además toda la oposición se ha comprometido a derogarla si ganan las elecciones", señala.
De no ser así, gran parte de la ley podría ser tumbada en los tribunales. "Estoy seguro de que partes de la norma acabarán siendo eliminadas por el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque choca con derechos fundamentales", explica.
