El escrito solicita también que se cite en calidad de imputados —desde hace algunas semanas, "investigados" en España — el padre del futbolista, el expresidente del Barça Sandro Rosell, el actual presidente Josep Maria Bartomeu, dos directivos del Santos y el propio club brasileño y el Barça como personas jurídicas.
La acusación de la Fiscalía nace de la querella de DIS, fondo brasileño de inversiones, que era el titular de los derechos federativos del futbolista.
DIS reclama el 40 por ciento del precio del traspaso del jugador al Barça en concepto de derechos federativos.
Los brasileños reclaman el porcentaje de los 83 millones que costó realmente el fichaje y no los 17 que se anunciaron inicialmente.
El juez deberá decidir ahora si accede a la petición del fiscal.
Según el juez, se "podría haber alterado el libre mercado de fichajes de futbolistas y perjudicado también al querellante" al no haber podido percibir DIS más dinero por ofertas de otros clubes.
La del fondo DIS es la segunda causa abierta por el fichaje del delantero del Barça.
La primera debe juzgarse por la Audiencia Provincial de Barcelona, debido al supuesto fraude fiscal de 13 millones de euros en la operación.
Por esa causa, Bartomeu y Rosell se enfrentan a sendas peticiones de 2 y 7 años de cárcel por parte del Ministerio Público.
