En cualquier momento, el brasileño Rodrigo Muxfeldt Gularte, de 42 años, y condenado a muerte por introducir 6 kilogramos de cocaína en tablas de surf en 2004, podrá ser conducido ante el pelotón de fusilamiento.
Diagnosticado de esquizofrenia paranoide en dos ocasiones distintas, Rodrigo no acepta que será ejecutado y pasa sus últimas horas entre delirios conversando con las paredes y aferrado a una gorra que dice ser "su protección", según las explicaciones de su prima, Angelita Muxfeldt.
A través de 10 abogados, la única familiar de Rodrigo presente en Yakarta intenta por todos los medios llamar la atención sobre la enfermedad de su primo ante los medios de comunicación del país asiático sin éxito, además cuenta con el respaldo legal de una conocida ONG de Derechos Humanos.
Junto a él estarán otros ocho ciudadanos extranjeros condenados por tráfico de droga procedentes de Australia, Ghana y Filipinas, más un ciudadano francés, Serge Atlaoui, de 51 años, cuyo recurso ante la Justicia de Yakarta habría sido aceptado y estaría siendo tramitado.
Diferentes ONG, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denunciaron a Sputnik Nóvosti la utilización de la "política de choque" por parte del presidente indonesio, Joko Widodo, al que acusan de obtener un beneficio político con las mediáticas ejecuciones de extranjeros y su combate contra las drogas.
Incluso el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, pidió el pasado domingo la anulación de las ejecuciones alegando que se trata de crímenes que no resultaron en la muerte de terceras personas, e hizo mención indirecta a las irregularidades en algunos de los procesos de los nueve extranjeros.
