Esta medida surgió debido a la falta de progreso en la nueva investigación sobre los ciudadanos japoneses secuestrados por los servicios secretos de Corea del Norte en la década de los setenta. Pyongyang prometió entregar los primeros resultados de la investigación en otoño pasado, sin embargo, no ha presentado nada hasta el momento.
Las sanciones niponas prohíben el comercio, la entrada de buques norcoreanos a puertos japoneses, a excepción de aquellos con "fines humanitarios", y los vuelos chárter entre los dos países.
Durante el verano del año pasado, Corea del Norte estableció un comité especial para investigar sobre el destino de los japoneses secuestrados, por lo que Japón canceló una parte de sus sanciones económicas contra Pyongyang, impuestas primeramente en 2006 a raíz del lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte.
En 2009 el Gobierno nipón recrudeció las condiciones para las transferencias monetarias desde Japón a Corea del Norte y en 2013 extendió las sanciones por dos años tras las pruebas nucleares realizadas por Pyongyang.
Tokio insiste en que los servicios secretos de Corea del Norte secuestraron durante los años setenta al menos a 17 ciudadanos japoneses, mientras que Corea del Norte admitió solo 13.
Cinco rehenes lograron regresar a Japón tras las visitas del exprimer ministro nipón, Junichiro Koizumi, a Corea del Norte, en 2002 y 2004.
Los ocho restantes, según afirma Corea del Norte, fallecieron.
Sin embargo, Japón considera que las pruebas de la muerte de estas personas son poco convincentes o falsas y continúa exigiendo la devolución de todos los rehenes.
