"Amnistía Internacional observa con preocupación la creación de un centro de detención para personas migrantes", indicó la entidad en un comunicado emitido en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El Gobierno nacional alojará en este establecimiento a todos los extranjeros que incumplan las leyes migratorias "en calidad de detenidos" y "en carácter de comunicados".
El convenio, que tendrá una duración de cuatro años, entrará en vigor a partir del 1 de septiembre.
La Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce la ministra Patricia Bullrich, "se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos".
"El alojamiento de los extranjeros retenidos deberá hacerse en ámbitos adecuados, separados de los detenidos por causas penales", añade el comunicado.
A pesar que el Ejecutivo alega que este centro servirá "de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 (de Migraciones) y su normativa complementaria vigente", Amnistía objetó que esta medida "representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina".
Aprobada en diciembre de 2003, la Ley de Migraciones fue reconocida internacionalmente por incorporar cláusulas en sintonía con la protección de derechos humanos, y por priorizar la regularidad de los extranjeros frente a pautas de restricción en donde la detención interviene como control migratorio.
Argentina ha sido históricamente un país receptor de inmigrantes. La Dirección Nacional de Migraciones celebraba en 2015 que Argentina se había convertido en el principal receptor de inmigrantes de América Latina con el 4,6% de su población extranjera, casi 2 millones de personas.
