Mujeres en El Salvador podrían cumplir penas de cárcel de hasta 50 años por abortar

MONTEVIDEO (Sputnik) — La propuesta de un diputado de El Salvador para subir las penas por aborto a los 50 años de cárcel haría del país centroamericano uno de los más severos del mundo con la interrupción de embarazo, dijo a Sputnik Nóvosti la abogada Katya Recinos.

"Si se aprobara esa medida nos colocaría en el mapa de la penalización del aborto como el país más extremo. Es bien preocupante el escenario que se presenta en El Salvador", señaló Recinos, abogada del equipo jurídico de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

El diputado Ricardo Velásquez Parker, del partido Arena, presentó en julio ante la Asamblea Parlamentaria una iniciativa de reforma del Código Penal para elevar la pena por aborto de 30 a 50 años cuando en la actualidad es de dos a 8 años.

"La comisión de justicia está analizando la propuesta de ley. Pedimos que se retire porque si se aprueba significaría un retroceso mucho más arcaico de lo que está actualmente", añadió a esta agencia Recinos, quien estima que a finales de mes se conocerá si finalmente se aprueba o no.

Mujeres encarceladas

El aborto en El Salvador está totalmente prohibido y rigen penas de prisión para quien incurra en la interrupción voluntaria del embarazo sin importar las circunstancias.

Las mujeres salvadoreñas podían abortar en casos de violación o si la salud del bebé o de la madre estaban en peligro, sin embargo una ley lo prohibió en 1998.

Actualmente 25 mujeres se encuentran en prisión acusadas de haber abortado cumpliendo penas muy superiores a los 8 años de cárcel que establece el actual Código Penal.

"En la mayoría de los casos se trata de mujeres sin recursos que sufren emergencias obstétricas o abortos espontáneos y, cuando acuden a los hospitales, son denunciadas por el personal médico", explicó la activista Recinos.

Errores judiciales

Así, son sentenciadas por cometer homicidio agravado a penas de prisión que llegan hasta los 40 años, como le ocurrió a María Teresa Rivera, encarcelada en 2012 después de sufrir una emergencia obstétrica sin saber que estaba embarazada.

Tras cuatro años en la cárcel, Rivera fue liberada el pasado mes de mayo después de que la justicia declarara nula la sentencia argumentando errores procesales.

Aun así, explicó Recinos, la sentencia de Rivera "no está firme todavía", ya que la fiscalía interpuso un recurso de apelación.

"Seguimos en la lucha porque podría volver a la cárcel", añadió la abogada.

Médicos entre la espada y la pared

"No solo es la ley, sino cómo opera la policía, los médicos que atienden a estas mujeres cuando acuden a pedir auxilio y las personas que las defienden cuando son acusadas, porque la mayoría tiene un defensor público que no toma tiempo en buscar en los estándares internacionales que puedan tener una excepción en la defensa penal", sostuvo Recinos.

Especialmente llamativa es la situación de los médicos salvadoreños, precisó Recinos, ya que "se encuentran entre la espada y la pared porque, si ellos no denuncian ante una sospecha de aborto, también pueden ir a la cárcel".

La situación llega a tal límite que cuando una mujer embarazada padece cáncer los médicos temen afectar al feto con los tratamientos y provocar un aborto, por lo que serían acusados y condenados, así que toman la decisión de no aplicarlos.

En América Latina solo Cuba, Uruguay y la capital de México despenalizaron la interrupción del embarazo.