"El sistema penitenciario en Guatemala tiene carencias de toda naturaleza: hay un hacinamiento en algunos establecimientos de hasta el 500 por ciento y una debilidad del Estado en el control de las cárceles", señaló Velázquez.
Lima, quien cumplía una pena de 20 años por su participación en el asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998, fue asesinado el lunes a balazos mientras se encontraba en la cárcel junto a otras 13 personas.
"Lo que ocurría con el mismo señor Lima, con un poder tan grande, revelaba de qué manera tenía el control real del sistema y parece, por lo que veníamos conociendo en las últimas semanas, que ese control lo había recuperado", explicó Velásquez.
Lima fue procesado en 2014 por la CICIG como jefe de una organización criminal en la que también estaba involucrado el entonces director del sistema penitenciario, Édgar Camargo.
Velásquez advirtió a esta agencia que "una intervención (de la CICIG) en un sector casi inmanejable no va producir una transformación, no hacemos milagros, intentamos apoyar a las instituciones, pero hay dificultades que están enraizadas".
Por eso, observó, "tenemos que examinar nuestras posibilidades y ver cómo podemos contribuir".
Problema enraizado
Sin embargo, continuó, "hay grandes y graves dificultades en el manejo penitenciario", un problema que "merece una atención prioritaria del Gobierno de Guatemala".
La CICIG fue instaurada en 2006 por un acuerdo firmado por el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas y ratificado por el Congreso, como un órgano independiente de carácter internacional, y comenzó a funcionar en 2007.
En los últimos años ha liderado el destape de grandes escándalos de corrupción gubernamental y delincuencia, así como la persecución de sus responsables.
