"Mientras Argentina ratifica protocolos, las prácticas estructurales de las prisiones siguen siendo gestionadas a través de la violencia", explicó Gual.
"El uso extendido del aislamiento en solitario (…), la sobrepoblación, las restricciones en el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales (educación, trabajo, alimentación y salud, entre otros), y las deficientes condiciones edilicias resultan las principales falencias en el sistema carcelario nacional", observaron en su estudio presentado al Poder Legislativo.
Aunque la violencia que sufren los presos no es sólo física, el organismo relevó "casos regulares y sistemáticos que demuestran que la violencia física sigue siendo un motor de gestión de la prisión prioritario", señaló Gual.
Extranjeros, mujeres y enfermos mentales
Esas violaciones a los derechos humanos tienen especial incidencia entre los extranjeros, las mujeres, los pacientes psiquiátricos y los jóvenes, añadió el director del Observatorio.
De los 38 fallecimientos de presos federales registrados durante 2015, 19 fueron casos de muertes violentas, etiqueta bajo la que se catalogan homicidios, suicidios y presuntos accidentes.
El informe no se concentra únicamente en las responsabilidades penitenciarias de la vulneración de derechos, sino que avanza sobre las obligaciones de la administración de la justicia penal.
Tres condenas en 2015
Por primera vez, el PPN registró en 2015 tres condenas penales contra agentes penitenciarios federales, dos por casos probados de agresión física y una tercera que reconoció el delito de "tortura".
No hay, por otro lado, estadísticas oficiales que den cuenta de cuántos presos federales son alojados en cárceles locales, principalmente en las provincias del interior del país, como Mendoza, Córdoba o Santa Fe (centro).
"Se argumenta que así los presos están cerca de la familia, pero esto tiene efecto rebote, porque si todos esos presos estuvieran en las cárceles federales, el hacinamiento sería mayor que el actual y se evidenciaría una mayor resonancia política", objetó el representante del PPN.
Por triplicado
El sistema federal ha visto cómo la cifra de detenidos no ha dejado de aumentar desde 1997, en consonancia con el aumento de la población carcelaria en el sistema penitenciario federal y local.
Las últimas cifras oficiales disponibles revelan que en 2014 había en Argentina 69.060 detenidos frente a los 29.690 reclusos que había en 1997, a los que hay que sumar los encarcelados en centros de detención no penitenciarios, como en comisarías y en destacamentos de varias fuerzas de seguridad.
En 22 años, se ha más que triplicado la población encarcelada en las unidades penitenciarias del país.