"Desde que en 2011 se cambió la ley, el proceso es todo un periplo. Primero tienes que rogar el voto y no todo el mundo tiene el Consulado (de España) en la ciudad donde vive. Dada la extensión de los países en América Latina es aún más complicado", critica desde Uruguay Sonia Camallonga, miembro de Marea Granate, colectivo formado por emigrantes españoles.
La Ley orgánica del Régimen Electoral General, aprobada a finales de 2010 por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el apoyo del Partido Popular (PP), entre otras formaciones, estableció el sistema de "voto rogado" que ha reducido notablemente la participación en las elecciones de los españoles que viven en el exterior, una comunidad de unos dos millones de personas.
"Los datos hablan por sí mismos: si antes del cambio de la ley la participación se situaba en un 30 por ciento, ahora es menos de un cinco por ciento. Son trámites presenciales, no se pueden hacer de otra manera", explicó a esta agencia Camallonga.
Largo proceso
Para poder votar desde el exterior el primer paso es registrarse en el Consulado de España e inscribirse o bien en el Censo de No Residentes (ERTA) o en el de Residentes Ausentes (CERA). Después hay que solicitar (rogar) el voto a la Delegación Provincial del Censo, de forma telemática, por fax o por carta en el caso de estar inscrito en el CERA o presencialmente si se trata del ERTA.
La Delegación Provincial del Censo enviará luego desde España las papeletas (a partir del 6 de junio si no se impugnan las listas), y si llegan, entonces se puede ejercer el voto.
En ese sentido, "a veces los consulados no tienen suficiente personal para atender a la gente e incluso dan mal la información", dijo Camallonga, citando como ejemplo el Consulado de Uruguay: "en su página web aparecía una información respecto al periodo de reclamaciones diferente a la que te daban en un mensaje cuando llamabas por teléfono".
Vivir fuera de las capitales
Para los españoles que no viven en las capitales latinoamericanas el panorama es aún peor, algo que constata David Huanco desde Perú, que ha renunciado a votar porque reside en Puno (sureste), a unos 1.300 kilómetros de Lima, donde se encuentra el Consulado de España.
"Hay que ir a Lima sí o sí. Si fuera en bus tardaría unas 24 horas de viaje y, si tomara un avión, me costaría unos 150 dólares e implicaría dejar de acudir al trabajo. Es imposible", afirmó resignado al otro lado del teléfono.
Huanco es peruano pero tiene ciudadanía española tras haber residido una década en el país; a consecuencia de la crisis regresó a Puno en 2013.
"La gente se va de España por necesidad y que no te permitan ejercer este derecho (votar) es como sentir que te han estafado", señaló Huanco a esta agencia.
Pese al desplome de la participación en las pasadas elecciones del 20 de diciembre y a las numerosas denuncias de quienes nunca recibieron las papeletas a pesar de haber tramitado todo correctamente, el sistema del voto rogado sigue vigente para el 26 de junio.
Fraude a la democracia
Ana Varo, española residente en Chile, no alberga muchas esperanzas para esta nueva cita electoral.
"Hice todo los trámites el pasado mes de diciembre y no llegaron las papeletas, es más, a día de hoy aún no han llegado, así que no soy muy optimista con estas (elecciones). Ya he solicitado todo, ahora veremos a ver si llega", señaló a esta agencia.
Varo considera que no poder ejercer el derecho al voto "es un fraude absoluto a la democracia".
"Que no podamos ejercer un derecho democrático básico sobre el que se asienta un Estado por algo tan banal como que no te llegó el sobre de las papeletas es como si te estuvieran tomando el pelo", criticó.
Para Varo se trata además de algo que "no es casual" sino intencionado pues quienes impulsaron en 2011 la ley del voto rogado ya "sabían los efectos que iba a tener".
Desde Marea Granate aseguran que el gobernante Partido Popular (derecha) "ha desviado el tema hasta en 60 ocasiones en la anterior legislatura".
Por su parte, el PSOE, pese a haber impulsado el voto rogado en 2011, ahora en su programa electoral proponen derogarlo pues admiten que un procedimiento tan complicado afecta la participación.
Por otro lado, el izquierdista Podemos, ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el voto rogado al considerar que se trata de "un inmenso ejercicio de prevaricación" cuyo objetivo es privar de "voz política" a los emigrantes, especialmente a los jóvenes que debieron salir recientemente del país a causa de la crisis.
