El Gobierno tomará las medidas que considere para que el sector privado acompañe al público en la producción y comercialización de bienes, con intervención de la Fuerza Armada y los recientemente creados Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Los ministros tomarán medidas para adaptar esas normas a cada región del país, y el Gobierno para contratación expedita de bienes de consumo o insumos en áreas prioritarias, así como para desarrollar la producción agropecuaria y decidir gastos fuera de presupuesto.
Los Comités de Abastecimiento “y demás organizaciones de base del poder popular” asumirán funciones de vigilancia social, junto con las policías y la Fuerza Armada.
También se suspende la aplicación de la norma constitucional según la cual el parlamento puede destituir ministros emitiendo votos de censura política.
Para contrarrestar efectos del clima, el Gobierno podrá cambiar los horarios de labor y dictará medidas de protección de los bosques y de las fuentes hidroeléctricas.
En el terreno político, el Gobierno podrá “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras”.
La cancillería auditará e inspeccionará los convenios firmados por personas u organizaciones con entidades extranjeras para la ejecución de proyectos en el país y deberá "ordenar la suspensión de los financiamientos relacionados a dichos convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de desestabilización”.
El presidente podrá dictar otras medidas, justificadas en la parte expositiva del decreto por la “actitud hostil de ciertos sectores de la economía”, así como porque “la oposición ha pretendido desconocer la voluntad popular expresada en abril de 2013 (cuando Maduro fue elegido), asediar a todos los poderes y someter a zozobra a los venezolanos”.
En el terreno ambiental, el fenómeno El Niño, que provocó una dura y larga sequía, “ha generado la crisis climática más difícil en la historia de nuestra patria”.
Más aquí: Venezuela en asueto busca ahorrar electricidad y agua
El decreto de estado de excepción y emergencia deberá ir al parlamento y al Tribunal Supremo de Justicia para su consideración.
El anterior decreto de emergencia, dictado por Maduro en enero y renovado en marzo, fue rechazado por el parlamento y avalado por el Supremo.
