Tras reunirse con Rousseff en Brasilia y realizar "un detallado análisis" sobre el juicio político, la OEA (Organización de los Estados Americanos) "ha concluido que no se encuadra dentro de las normas que sustentan dicho procedimiento", dijo Almagro en un comunicado entregado a los medios de comunicación.
El diplomático uruguayo observó que "no existe una acusación de carácter penal" contra la presidenta, "sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas en 2014. Esta es en todo caso una acusación de carácter político, que no amerita un proceso de destitución".
El secretario general de la OEA cita varios puntos de esa carta que señala que "ausente el juicio de certeza, la resolución positiva del "impeachment" (juicio político) constituye un acto de flagrante ilegalidad, por significar una finalización sin motivo, por ende arbitraria, basado en conclusiones opinativas (sic) que, obviamente, carecen de demostración limpia y clara".
Los fiscales firmantes de la carta recuerdan que las acusaciones contra Rousseff se basan en una serie de decretos de reasignación de límites de gasto público y retrasos en transferencias de subsidios a bancos públicos, que son procedimientos legales que siempre aceptó el Tribunal de Cuentas, hasta fines de 2015, cuando el organismo cambió de criterio.
Almagro subraya en su comunicado que un régimen presidencial como el de Brasil y de la gran mayoría de los países americanos "no puede operar de buenas a primeras como si fuese un régimen parlamentario, intentando la destitución, en este caso de la primera mandataria, por un cambio en la correlación de fuerzas políticas en la coalición gubernamental".
El diplomático se hace eco asimismo de pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que en los últimos días expresaron preocupación por la crisis política brasileña.
"Aceptar que un mandatario puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio del gobierno por razones de índole simplemente política", señaló un comunicado emitido por el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper.
Almagro calificó a Brasil como un "ejemplo de democracia en el continente" y advirtió que "se debe juzgar desde la decencia y la probidad pública actos indecentes y criminales y no al revés".
Si el proceso se iniciara, la mandataria sería suspendida por 180 días en sus funciones mientras se sustancia el juicio que puede acabar con su destitución.
En las últimas semanas, varios partidos que formaban la base aliada del Gobierno rompieron la coalición, y en las últimas horas el gobernante Partido de los Trabajadores se veía en dificultades para reunir los votos necesarios para archivar el proceso en la cámara baja.