En el recién revelado vídeo, grabado con una cámara por uno de los internos en septiembre de 2012, se puede ver a tres bailarinas quitarse las prendas y bailar frente a unos 200 presos al compás de un reguetón.
La presidenta de la Asamblea elevó la polémica al parlamento después de la afirmación de la representante de la organización feminista Cemujer, Ima Guirola, de que el Estado actuó como "proxeneta" al contratar a las bailarinas para ser utilizadas "como mercancías".
Anteriormente Peña se abstenía de toda discusión diciendo que "desconocía del tema". La polémica alrededor de la pornofiesta penitenciaria se potenció cuando la diputada del partido ARENA, Patricia Valdivieso, presentó una petición a la Asamblea con el fin de crear una comisión especial dentro del parlamento para investigar el caso.
"No me interesa opinar sobre eso porque sinceramente yo estoy enfocada a las pensiones que son de interés público, y la diputada Valdivieso, en las mujeres desnudas", reaccionó Peña a la retoma de la iniciativa por parte de su colega.
La diputada del FMLN, Jackeline Rivera, que, pese a reconocer la importancia del hecho, dejó claro que de la investigación debía encargarse la fiscalía: "Esto no es un tema legislativo, como comprende ARENA, que quiere hacer un show de todo para salir en la tele".
En cambio, las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Mujeres, Marta Evelyn Batres y Margarita Rodríguez, enfatizaron la faceta feminista del conflicto, calificando a las jóvenes bailarinas como "víctimas" de la utilización de género.
La fiesta en el penal masculino, donde permanecen los miembros de la pandilla Barrio 18, fue dedicada, según algunas versiones, a la celebración de la tregua entre dos bandos penitenciarios y tuvo una mayor repercusión ya que fue sancionada por las autoridades estatales.
El actual director de Centros Penales, Rodil Hernández, confirmó que la pornofiesta se realizó entre los días 24 y 25 de septiembre, con motivo de celebrarse el Día de la Virgen de las Mercedes, por autorización del exdirector general Nelson Rauda, que ejercía el cargo en los años del gobierno presidencial de Mauricio Funes.
Se presume que entre los involucrados se encuentran altos funcionarios y personalidades, como el exministro de Justicia y Seguridad Pública, el general David Munguía Payés, el líder guerrillero Raúl Mijango y el obispo castrense, monseñor Fabio Colinde.
El fiscal general Douglas Meléndez se reunió con el expresidente Funes para obtener más información en relación con estos acontecimientos.
