MONTEVIDEO (Sputnik) — La sentencia en el caso Sepur Zarco, dictada el viernes, “es un reconocimiento a la violencia sufrida por las mujeres durante el conflicto armado interno porque durante muchos años solo se hablaba de desapariciones forzadas y masacres, pero no de la violencia sexual cometida contra las mujeres”, señaló Navarro, directora del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP).
También se pone de manifiesto, continuó Navarro, que no se puede permitir la violencia sexual, “ni la pasada, ni la actual, ni la futura” porque Guatemala es un país donde “el daño cometido contra las mujeres sigue siendo horrible, con un elevado número de violaciones y embarazos de menores”.
El conflicto de 36 años (1960-1996) enfrentó al ejército con grupos guerrilleros de extracción indígena, cuya principal causa fue la lucha por la tierra en un contexto de Guerra Fría.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico establecida a instancias de las Naciones Unidas estimó que el conflicto dejó 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 100.000 desplazados.
En 1982 miembros de las Fuerzas Armadas atacaron la comunidad de Sepur Zarco, situada entre los norteños departamentos de Alta Verapaz e Izabal, y secuestraron a los hombres que demandaban la titularidad de la tierra, quedando “solas sus esposas”.
“Ellas empiezan a ser consideradas viudas, solas y, por tanto, disponibles. Se las obligó a que se instalaran alrededor del destacamento militar de Sepur Zarco y fueron obligadas a hacer la comida y a lavar la ropa. Al mismo tiempo, se produjeron violaciones sexuales sistemáticas, tanto individuales como colectivas, que duraron seis meses”, describió Navarro.
Después, “durante otros seis años, siguieron llevando comida a la tropa”, explicó Navarro a esta agencia.
No fue hasta 2011 que varias de esas indígenas decidieron denunciar el crimen e identificar a dos de sus responsables.
La sentencia contra el oficial retirado Esteelmer Reyes fue de 120 años de prisión por el asesinato de tres mujeres y por esclavitud doméstica y sexual de otras 15, mientras la pena para Heriberto Valdez, exparamilitar, fue de 240 años, por esos mismos cargos y por la desaparición de siete hombres.
“Reyes era jefe del destacamento, supo de las violaciones y de la esclavitud doméstica a la que fueron sometidas y no hizo nada para impedirlo”, aclaró la activista.
Ver con otros ojos
En opinión de Navarro, se ha juzgado un delito de violencia sexual ocurrido hace 30 años “con estándares probatorios distintos a los que se pretende siempre imponer en los casos actuales, donde la carga de la prueba es la mujer”.
“Hemos intentado forzar al sistema de justicia a que la carga de la prueba no es solamente los exámenes forenses que les hacen a las mujeres después de una violación, sino que hay otras formas por las cuales se puede probar que hubo violación, por eso el testimonio de la víctima es fundamental”, añadió.
Por todo ello, para Navarro esta sentencia también representa un aporte en la prevención de la violencia contra la mujer.
