"La tortura ha sido utilizada por el Estado mexicano por un largo periodo para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas que habitan o transitan por México", indica un pronunciamiento de más de 30 de las principales organizaciones civiles del país latinoamericano.
No obstante, el 10 de diciembre de 2015, sin avisar a las organizaciones que pusieron su confianza en la construcción de una propuesta, el presidente Peña envió al Senado su iniciativa de Ley, que ha indignado a los organismos de DDHH en el país.
Numerosos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos de las Naciones Unidas, "han calificado la práctica de la tortura en México como sistemática o generalizada", señalan los organismos, que el Gobierno rechaza.
En octubre de 2015, el gobierno de Peña, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), realizó una serie de consultas en un proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, así como personas de la academia y actores sociales, reseñan los organismos de DDHH.
En esas consultas se lograron acuerdos sobre los estándares que debería contener la Ley General contra la Tortura para su eficaz aplicación, así como, el uso de un lenguaje mucho más específico e incluyente.
A pesar de que no se incorporaron en su totalidad las propuestas de la sociedad civil y el sector académico, las ONG consideraban que "el texto final buscaba la prevención, sanción y erradicación de la tortura en México".
Propuesta presidencial cuestionada
La propuesta presentada por Peña "no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica, por ello las organizaciones firmantes consideramos que los aspectos torales que debe contener la Ley".
Resulta inaceptable –prosiguen los expertos- que pese a que existe una prohibición expresa de utilizar estas pruebas e inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido parámetros jurisprudenciales para eliminarlas de todo proceso penal, la iniciativa de Presidente "permita la admisibilidad de estas pruebas", obtenidas como confesiones bajo tortura.
Además, los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes "deben tener las mismas consecuencias procesales y de protección a las víctimas que la tortura", exigen los defensores humanitarios.
Las ONG exigen adoptar el llamado Protocolo de Estambul —que es un manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles o degradantes-, como "un estándar de prueba no exclusivo para identificar si se tienen signos de tortura", garantizados por peritos independientes.
En la iniciativa de Peña "se sigue promoviendo el uso de una herramienta que no incorpora adecuadamente el Protocolo de Estambul, y que es realizado por peritos oficiales, además de imponer requerimientos excesivos para la incorporación y valoración de los peritajes independientes, lamentan.
Finalmente, Peña debería haber excluido las amnistías, inmunidades, perdón y cualquier otra forma que exima de responsabilidades, no sólo para las personas sentenciadas, sino también, para las imputadas y procesadas.
Entre los organismos firmantes está la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos, que aglutina a decenas de ONG de DDHH.
