En concreto, Janot ratificó la petición del delegado de la Policía Federal, Josélio Sousa, para que el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) actuase como testigo clave junto a varios de sus exministros en el proceso contra 39 investigados por su relación con la corrupción en la petrolera semiestatal Petrobras.
Sin embargo, el Fiscal General quiso resaltar que su llamada a atestiguar en las investigaciones no tiene ninguna relación con su presunta implicación en el escándalo de corrupción, ya que "no existe nada objetivo hasta el momento" que pudiese implicar al expresidente con la Lava Jato, aunque resulta evidente que su llamada a declarar afectará gravemente a la imagen de Lula.
De hecho, a pesar de las negativas de Janot el informe de la Policía Federal que solicitó las declaraciones de Lula señaló que el expresidente, así como el PT y su gobierno, podrían haberse beneficiado del mantenimiento de una base de apoyo al partido sustentada en negocios ilícitos en torno a Petrobras.
Una clara evidencia de la gravedad del asunto es que el exministro de Casa Civil y asesor presidencial, José Dirceu, será uno de los políticos del gobierno de Lula que declararán en este proceso siendo este, además, uno de los detenidos en la Operación Lava Jato y retenido en la penitenciaria de Curitiva (estado de Paraná) por su implicación directa con la corrupción en Petrobras.
Por último, Janot dejó abierta la duda al concluir que "la eventual imputación de hechos criminales a personas sin la prerrogativa del foro privilegiado (una referencia al expresidente) en el ámbito del proceso deberá ser precedida del análisis de cada caso concreto".
