"Mientras más obstáculos racistas se ponen en las fronteras, las travesías se hacen más peligrosas: en la frontera chilena con Perú y Bolivia a pesar del rechazo el proceso migratorio no se detiene", relató la especialista en el proceso en el Sudamérica.
En el marco de un encuentro continental, 70 expertos y delgados de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las personas migrantes en 17 países, Correa dijo que el objetivo del tercer encuentro de su tipo, es "articularnos a escala regional para identificar los desafíos y repuestas comunes a un dramático fenómeno contemporáneo".
El encuentro regional de la sociedad civil "Migración en las Américas: potenciando la articulación regional para la incidencia", se desarrolla en México como una continuación de dos citas anteriores en Buenos Aires y Lima en 2014.
A partir de cinco ejes temáticos —causas de la migración, irregularidad migratoria, inclusión, niñez y género- "buscamos modelos de marcos regulatorios que permitan asumir la era de la movilidad poblacional mundial", dijo la experta chilena.
La gente no se detiene si se propone cumplir el desafío de mejorar su vida: "se expone a las mafias de trata de personas que extorsionan y roban lo poco que tienen".
Los traficantes de personas exponen a las personas a situaciones peligrosas del desierto del norte de Chile: "en la frontera con Perú, aún hay minas antipersonales que han sido pisadas por migrantes que han perdido la vida, y en la frontera con Bolivia recorren un altiplano de 3.000 a 5.000 metros de altura".
"No estamos en un nivel tan grave de cerrar fronteras como se discute en EEUU —con el discurso del republicano Donald Trump-; pero hay mucha arbitrariedad y discrecionalidad", explica Correa.
Los organismos plantean velar porque los Estado promuevan las regularizaciones de los personas, "es un derecho humano de la historia de la humanidad, porque el valor de la migración enriquece a los países".
La alternativa es promover que los gobiernos desarrollen políticas con regularización "en vez de hacerla más peligrosa y exponer la vida de las personas a los peligros de la violencia y violaciones, a engaños y robos con promesas irreales".
Chile es un país receptor de migrantes, "por eso me ha llamado la atención el trabajo en México que aborda el tema de la trata de personas mediante refugios y santuarios de ayuda al tránsito".
Las causas continentales parecen las mismas: "los Estados deben hacerse cargo del derecho a no migrar, y cuando ocurre la migración, de garantizar la seguridad y evitar la violencia contra los migrantes".
Chile recibe un flujo importante de migrantes de países limítrofes, pero también de países caribeños como colombianos, haitianos y dominicanos.
La migración en Sudamérica tiene un predominio económico de gente en busca de mejorar su calidad de vida, a través de trabajo mejor remunerado, para el envío de remesas por rutas transnacionales a sus familias de origen: "la mayoría son jóvenes que llegan solos, muchas veces con más educación y determinación que el chileno medio.
Pero en Chile es difícil convalidar los estudios, por esa razón, "igual que en EEUU y Europa, los migrantes asumen los trabajos rudos y sucios que los chilenos no quieren".
De acuerdo con las autoridades chilenas, en el país andino existen 477.000 extranjeros en 2014 y las proyecciones que serán millón regular en una década, pero "la cifra negra es desconocida, ni se puede estimar por falta de investigaciones y registros, no podemos saber dónde estamos.
Chile tiene una ley migratoria que data de 1975, basada en las políticas de Seguridad Interior del Estado que criminaliza al migrante, y no permite la regularización", ni Santiago ha firmado el acuerdo del Mercosur sobre la materia.
Además de una reforma en el Parlamento a las reglas sobre migración "queremos que se desarrollen políticas públicas que permitan la integración de las personas porque Chile es una sociedad racista, clasista, con serios problemas de discriminación".
