El pedido fue hecho este domingo en un pronunciamiento en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, decretado por la Asamblea General de la ONU en la resolución del 21 de diciembre de 2010, que se observa a nivel mundial el 30 de agosto de cada año.
La ONU "alienta al Estado mexicano para que la futura ley general derivada de la reforma constitucional recientemente aprobada sea el resultado de un proceso de inclusión, participación y consulta con las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan", indica el texto emitido este domingo.
"Sus vivencias, cargadas de sufrimiento pero también de sabiduría, han devenido en importantes lecciones y aprendizajes que deben ser retomados en la futura legislación", argumenta el organismo de la ONU, que tiene una oficina permanente en México desde 2001, establecida por acuerdo del expresidente Vicente Fox y la ex alta comisionada de DDHH de la ONU, la expresidenta irlandesa Mary Robinson.
La oficina de la ONU planteó que la participación activa de los familiares de las víctimas de la desaparición "es indispensable para dotar a la ley de legitimidad y potenciar la generación de un contexto de exigencia ante los retos que implicará su implementación".
"Escuchar a las víctimas y sus familias constituye en sí mismo una medida de reparación al alcance del Estado mexicano", apuntó la ONU en México.
La futura ley general debería adoptar un enfoque integral que "reconozca y contemple las múltiples dimensiones de la tragedia que enfrentan las personas desaparecidas y sus familias de conformidad con los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano".
Para ese fin, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ha pedido incorporar un concepto amplio de persona desaparecida consistente con lo establecido en el derecho internacional.
La ONU recomienda abarcar tanto a las personas que fueron desaparecidas en el pasado, incluso desde las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, como aquellas cuyo paradero se desconoce desde tiempos más recientes, prosigue el texto.
El Estado mexicano debe proveer de una "reparación integral, adecuada, efectiva y rápida a las víctimas y apoyos e información relevante a las familias; establecer el registro de personas desaparecidas".
La máxima institución mundial ha llamado la atención sobre los débiles servicios forenses mexicanos y la falta de "investigaciones efectivas, eficaces, rápidas, completas, independientes e imparciales".