A siete meses de la masacre de estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, saldada con seis muertos, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos, han vuelto a registrarse disturbios callejeros en la capital de Guerrero, Chilpancingo (200 km al sur), donde cinco vehículos fueron quemados el domingo ante el Congreso.
"Un gobierno cerrado e insensible, y la falta de resultados en el combate a la impunidad y la corrupción, han hecho que la sociedad se polarice y un sector lo hace de manera más airada para que se llegue al fondo del problema: la estructura delincuencial que ha penetrado los poderes públicos", dijo el asesor jurídico de los familiares de las víctimas.
"Parte medular de la protesta social del movimiento de solidaridad con los familiares es la falta de confianza en los partidos políticos y el desencanto con las elecciones", dijo Barrera, laureado con el Premio Amnistía Internacional–Alemania en 2011, en el 50 aniversario del organismo.
Con la experiencia de dos décadas de defensa de los derechos humanos en una zona remotas habitada por comunidades indígenas víctimas de violencia política y del narco, el director centro de DDHH bautizado Tlachinollan, como el antiguo reino indígena prehispánico, afirma que "desde la tragedia, la gente lo que ve son falta de resultados, el hundimiento en el fango de la violencia y unas autoridades le dan la espala a la población".
"Es entendible el llamado al boicot de las elecciones, es una postura originada en el desencanto de la sociedad, que hace 30 años llamaba a elecciones limpias y se volcó a un cambio por la vía democrática, pero ahora no ve resultados", explica.
La alternancia en el poder "sirvió para ampliar la participación de las élites pero no garantizó cambio en la vida de la gente, mientras tanto no se revierte la pobreza ni la impunidad", lamentó.
Para el movimiento de la sociedad civil que desconfía de los partidos, de las elecciones y del gobierno "las autoridades están obligadas a reparar los daños, y las acciones violentas que vemos surgen de expresiones que confrontan y desalientan a la sociedad".
Son las autoridades quienes "tienen la responsabilidad de impedir que se siga abonando el clima de confrontación", advierte.
En el lado gubernamental "hay un sector que apuesta a la violencia y la represión, y desconoce que los padres, madres y familiares son un referente moral y ético" para México.
El Estado mexicano desatiende la seguridad: "no castiga a quienes cometen delitos, ni garantiza el respeto a la ley, allí surge estos hechos de confrontación, de aparición de violencia, corresponde a la ausencia de una política conciliadora", considera Barrera, director de una de las ONG más cercanas a los familiares, integrante de un grupo de una docena de organismos de diverso origen que acompañan el caso.
En el proceso electoral "se da encontronazo de dos visiones de país, en una sociedad polarizada: para unos las elecciones son la solución, para otros solo mantiene una estructura del poder que no resuelve los problemas".
La reacción social denuncia un problema estructural en el país: "la impunidad, corrupción y colusión del crimen organizado y autoridades civiles", resume.
