"Queremos hacer un esclarecimiento de los hechos y vamos a tratar de llegar a la verdad", dijo el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), una misión creada para atender el reclamo de los padres y madres de los jóvenes aspirantes a maestros rurales, por saber de sus hijos.
Los expertos realizaron una visita privada a la Escuela Normal Rural de maestros de Ayotzinapa, donde estudiaban los jóvenes desaparecidos, y se reunieron con los padres de las víctimas en la sede escolar, en el municipio de Tixtla (240 km al sur de la capital) en el conflictivo estado de Guerrero.
El grupo realizará una evaluación de la investigación del Estado mexicano, y emitirá en un plazo de tres meses recomendaciones para obtener resultados positivos en la investigación de la tragedia.
Los familiares de los desaparecidos, que desconfían de las autoridades de México, expresaron "su absoluta confianza" en el grupo interdisciplinario, indica un comunicado de los abogados de los familiares.
Los padres de los jóvenes secuestrados por policías y sicarios en una masacre saldada con seis muertos, 20 heridos y 43 desaparecidos, "externaron sus preocupaciones principales respecto de la actuación del Estado en el caso".
Los familiares urgieron a las autoridades mexicanas a "brindar las condiciones necesarias para que el Grupo pueda cumplir su mandato y hacer las recomendaciones necesarias para que las víctimas accedan a la justicia y a la verdad".
La misión de la CIDH se reunió además con funcionarios del Gobierno de Enrique Peña: la subsecretaria de DDHH de la secretaría de Gobernación, Lía Limón; la jefa de la subprocuraduría de DDHH de la Procuraduría General federal, Eliana García, y el director general de DDHH y Democracia de la cancillería, Alejandro Alday.
El objetivo del Gobierno fue "dar la bienvenida a los expertos que brindarán asistencia técnica al Estado mexicano" en el marco de las medidas cautelares emitidas por la CIDH el 10 de octubre del año pasado, en favor de los estudiantes y sus familiares.
El grupo de expertos lo integran Carlos Beristain (España), Francisco Cox (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala), Ángela Buitrago (Colombia) y Alejandro Valencia Villa (Colombia).
Según la investigación federal, los 43 estudiantes secuestrados en Iguala (200 km al sur) la noche del 26 septiembre cuando fueron atacados a balazos dos autobuses repletos de estudiantes, fueron detenidos por policías de esa ciudad y entregados a miembros del cártel de drogas Guerreros Unidos.
Los sicarios –dice la "verdad histórica" oficial- los asesinaron, incineraron los cuerpos en un basurero del pueblo vecino de Cocula y lanzaron sus restos a un río cercano, de los cuales solo uno ha sido identificado en un laboratorio de Innsbruck, Austria.
Los familiares rechazan esa versión, reclaman que sus hijos aparezcan con vida, y piden investigar si en los ataques hubo complicidad del Ejército.
