El país donde inmigrantes europeos, africanos, asiáticos y latinoamericanos sembraron algodón, movieron los tornos de las fábricas y llegaron hasta la Presidencia, sigue teniendo el mayor número de inmigrantes del mundo, con 45.8 millones, según las Naciones Unidas. Casi 23 millones ingresaron entre 1990 y 2013.
Los 20 millones de hijos de inmigrantes, a quienes Trump quiere prohibir la ciudadanía, “están mejor financieramente que sus padres, con ingresos medios anuales en 2012 de 58.100 dólares, solo 100 dóares por debajo del promedio nacional, mientras que los ingresos de sus padres fueron de 45.800 dólares anuales”, según el Center for American Progress. Además, los hijos nacidos en Estados Unidos van más a la universidad y viven menos en la pobreza que sus progenitores, e incluso superan la media nacional: 36% se gradúa de la universidad (5% por encima del promedio), un 11% es pobre (menos que el 13% de la población en general), y 64% tiene casa (apenas 1% por debajo del promedio).
El crisol de razas – la mezcla de europeos, asiáticos, pueblos originarios y afrodescendientes-, es la masa constitutiva de las naciones americanas. Son los hijos de los “gallegos”, los “tanos” (italianos), los polacos, los rusos, los bolivianos, los peruanos o los paraguayos, los que ha formado las culturas nacionales. Por eso, todos los países latinoamericanos consagran el derecho a la nacionalidad para quienes nazcan en su suelo.
Varios países latinoamericanos son más generosos que Estados Unidos a la hora de conceder la nacionalidad a los nuevos inmigrantes que siguen llegando. Mientras que en el país del norte hay que haber residido de manera permanente cinco años (o tres, si se casó con un ciudadano estadounidense), y brindar exhaustiva información laboral, familiar, de antecedentes políticos y judiciales, Perú y Argentina exigen apenas dos años de residencia, y Colombia pide solo un año a los latinoamericanos. Otros países demandan cinco años, pero con menos trámites e investigaciones.
En contraste con los debates que pretenden restringir la ciudadanía en Estados Unidos, la Unión de Naciones Suramericana está evaluando un proyecto de ciudadanía suramericana. Ernesto Samper, su Secretario General, dijo en diciembre de 2014, que la Unasur debería garantizar “la libre movilidad de los 400 millones de suramericanos por la región, el derecho al trabajo, la homologación de títulos universitarios y la protección jurídica”. “Deseo llegar a un aeropuerto y escuchar solo ciudadanos suramericanos por esta ventanilla”, expresó.
