"Imputaron al diputado Burayle y al exministro Sica por el manejo de un subsidio a desocupados", informó la agencia estatal Télam.
En su dictamen, el fiscal Di Lello pide a la jueza María Servini de Cubría, con competencia en lo electoral, diversas medidas de prueba para comprobar si el bono tuvo un uso discrecional y estaba destinado a la compra de fiscales.
A instancia del fiscal, el subsidio llegó a ser suspendido por la magistrada antes de las elecciones para evitar influencias electoralistas, pero tras la celebración de los comicios, pudo ser cobrado por sus beneficiarios.
A través de la resolución 1177 de la entonces degradada Secretaría de Trabajo, que no fue publicada en el Boletín Oficial, se implementó este subsidio que en casi un 50% recibieron fiscales que representaban a la alianza oficialista Juntos por el Cambio en la provincia de Formosa (norte), según la denuncia que presentó el abogado Williams Caraballo y que fue aceptada por Di Lello.
Sica fue imputado como ministro de Producción y Trabajo, mientras que Buryaile, como diputado de Formosa (norte), fue señalado como uno de los beneficiarios del uso discrecional de estos bonos.
En su dictamen, el fiscal Di Lello también imputó a otros funcionarios, entre ellos el exsecretario de Empleo Fernando Premoli.
El artículo 139 del Código Electoral pena con entre uno y tres años de prisión a quien "compeliere a un elector a votar de una manera determinada".
La nueva gestión de Alberto Fernández asumió hace 12 días al frente del Poder Ejecutivo.