"Nos estamos quejando para ir a segunda instancia para lograr justicia para (víctimas que fallecieron a consecuencia de estas prácticas como) Mamérita Mestanza y Celia Ramos y todas aquellas mujeres afectadas", dijo a Sputnik la directora de la ONG feminista Demus, María Ysabel Cedano.
El Gobierno argumentó que tales procedimientos fueron consentidos por las mujeres.
Pero el caso de Mamérita Mestanza, campesina que murió en 1998 a consecuencia de una esterilización forzada, abrió camino para que el Estado iniciara la investigación, indicó Cedano, pues en 2003 Perú suscribió un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se comprometió a indemnizar a sus familiares y a investigar y sancionar a los responsables de estas prácticas.
"Llevamos más de 14 años luchando por justicia, ellos (el Gobierno) querían acabar con la pobreza, disminuir la tasa de fecundidad y así violaron derechos humanos", agregó la activista y abogada, quien también insistió en destacar que "este no es un caso cualquiera".
La fiscalía ya había archivado parcialmente la investigación en anteriores ocasiones, recordó Cedano a esta agencia, y aseguró que seguirán luchando para que se haga justicia.
En julio Gutiérrez archivó la denuncia contra Fujimori y sus ministros de Salud, Eduardo Yong Motta (1994-1996) y Marino Costa (1996-1999) y el actual congresista Alejandro Aguinaga, al considerar que no existió un aparato organizado de poder que ejecutara las esterilizaciones forzadas.
Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), brinda asesoría a Victoria Vigo, esterilizada en 1996, y a la familia de Celia Ramos, quien falleció en 1997 a consecuencia de estas prácticas.
Al menos 18 mujeres murieron en los últimos años por complicaciones derivadas de la esterilización forzada a la que fueron sometidas.