"Vamos a discutir una norma mucho más drástica para sancionar a quienes sean parte de consorcios entre jueces, vocales (de las cortes de justicia), fiscales y abogados de particulares. Se tiene que imponer una sanción de 25 años de privación de libertad sin derecho a indulto", dijo el legislador del Movimiento al Socialismo (MAS).
Borda explicó que de 170 procesos contra fiscales por diferentes causas, sólo siete fueron sentenciados con penas benevolentes y no hay "ni un juez corrupto en la cárcel".
"Tenemos una justicia corrupta", lamentó el legislador que anunció que en las próximas semanas se pondrá en debate en la Asamblea Legislativa una norma específica que sanciones a los operadores de justicia que se enriquezcan a costa de los litigantes.
Agregó que "tiene que haber una norma específica para este tipo de consorcios. Se tiene que sancionar con 25 años de cárcel, pero además debe haber un procedimiento espacial para que los involucrados sean juzgados con 'detención preventiva', en la cárcel".
"Parte de la revolución judicial es suprimir estos consorcios, anularlos, impedir que crezcan, impedir que se formen, (…) hay que erradicar a estos consorcios mafiosos que hacen quedar mal a la justicia", dijo el vicepresidente, citado por la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Esta semana, el Ministerio Público en Bolivia desbarató en La Paz una extensa red de jueces, vocales de justicia, fiscales y abogados que eran parte de un consorcio que conocía casos y negociaba los fallos del Tribunal Departamental de Justicia a cambios de dinero. Las investigaciones sobre lo que se denominó el mayor escándalo de la justicia boliviana, continúan.
El Gobierno de Morales tiene prevista realizar la "cumbre de la justicia" en junio próximo.