Hasta entonces, los maridos o mujeres de ciudadanos británicos disponían de un plazo de dos años para aprender la lengua a partir de su llegada a la isla.
Dos mujeres llevaron sus respectivos casos ante la Justicia denunciando que este nuevo requisito infringe el derecho fundamental a vivir en familia.
Sus abogados argumentaron en el Supremo que la medida es "irracional, desproporcionada y discriminatoria".
Ambos casos se apoyaban en el artículo VIII de la Convención Europea en Derechos Humanos, referente al derecho a la privacidad y la vida familiar.
El panel de jueces falló este miércoles en su contra, aunque aceptó que la normativa debería revisarse para tener en cuenta las situaciones en que "es inviable" pasar el examen antes de residir en Reino Unido.
El Ejecutivo de David Cameron ha introducido una serie de restricciones a la entrada de extranjeros para cumplir la promesa del primer ministro de reducir la migración neta por debajo de las 100.000 personas al año.
Este objetivo se fijó antes de 2010, pero la curva de emigración procedente tanto del continente europeo como del resto del mundo sigue creciendo.
Los datos oficiales sitúan la migración neta en 330.000 individuos, con un incremento del 28 por ciento desde el año anterior.
