"Debemos garantizar el derecho de asistencia a clase de los niños y adolescentes del país", dijo la ministra en rueda de prensa para justificar el primer "decreto de esencialidad" en la enseñanza desde el retorno de la democracia a Uruguay en 1985.
Así, el Gobierno obligará a maestros y profesores a impartir clases en todos los centros de educación primaria, secundaria y técnica a partir del miércoles 26 y por un plazo de 30 días.
Los sindicatos reaccionaron inmediatamente denunciando una violación del "derecho a huelga" con diferentes protestas que incluyeron la ocupación de los locales del Ministerio de Trabajo.
El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Manuel Oroño, calificó de "despropósito" la decisión gubernamental y anunció que habrá una reunión del sindicato este lunes para tomar medidas, consignó el diario El País.
Según el Gobierno, el pasado viernes 21 de agosto los sindicatos del sector firmaron un acuerdo por el cual obtenían un mayor aumento salarial que el resto de los funcionarios públicos, razón por la cual las huelgas convocadas carecen de justificación.