Las armas autorizadas son "revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea a superior a.40 o equivalente".
Sin embargo, para los agentes de seguridad extranjeros, "en casos excepcionales, se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional se justifique la necesidad de su uso", indica el documento.
La Cámara de Senadores aprobó el dictamen con 78 votos a favor, 20 en contra de legisladores de partidos de izquierdas; y 2 abstenciones, para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a raíz de la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Esos funcionarios extranjeros podrán portar armas en territorio mexicano y los también "agentes de seguridad en el marco de las visitas oficiales de jefes de Estado, gobierno, ministros o equivalentes".
La intención de la reforma a las leyes mexicanas es "generar una nueva regulación que fortalezca procesos de cooperación migratoria y aduanera de México con el mundo", principalmente en lo referente a los procesos de inspección aduanera previa, "bajo el principio de reciprocidad".
Bajo ese principio, los funcionarios de aduanas mexicanas que lleven a cabo funciones de pre-inspección de mercancías en otros países, estarán "autorizados para llevar consigo, fuera del territorio nacional, las armas con las que cuentan para el desempeño de sus funciones".
La Secretaría de la Defensa será la encargada de autorizar a los agentes extranjeros de migración o aduanas, así como a los agentes de seguridad, portar temporalmente armas cuando acompañan visitas oficiales o equivalentes.
La Defensa "determinará el arma autorizada, el local o la instalación en que será válida la portación y demás límites o restricciones aplicables", indica el dictamen que debe ser ratificado por la Cámara Baja, donde la oposición de izquierda es minoría.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, precisó que la presencia de oficiales extranjeros de migración o aduana armados "no quiere decir que vayan a deambular por el territorio nacional haciendo uso continuo de sus armas de carga", sino que su presencia estará restringida a los recintos oficiales.
El senador Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo, replicó que la reforma es anticonstitucional porque "los agentes migratorios y de aduanas extranjeras armados en territorio nacional no actualizan ninguna hipótesis vigente en la Carta Magna, porque el monopolio de la fuerza pública dejará de existir y se compartirá con gobiernos extranjeros".
La senadora Angélica de la Peña del Partido de la Revolución Democrática, dijo que la reforma representa un riesgo, dado que "han asesinado a migrantes mexicanos haciendo uso de las armas letales que portan, lo han hecho en EEUU y en territorio mexicano, por eso tenemos la legítima preocupación sobre cuáles pueden ser las terribles consecuencias".
