La decisión de ampliar la acción de las sanciones se debe a la ausencia de progreso en la liberación de los japoneses retenidos en contra de su voluntad en Corea del Norte.
Japón aspira con estas medidas a forzar las conversaciones sobre los nipones secuestrados, señala Kyodo.
Japón impuso las sanciones en 2006 como protesta contra el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte.
Estas sanciones prohíben los suministros de exportación e importación, las visitas de ciudadanos, la entrada de buques norcoreanos a puertos japoneses.
En 2009 Tokio recrudeció las condiciones para las transferencias monetarias desde Japón a Corea del Norte.
En 2013 las sanciones fueron extendidas en dos años tras las pruebas nucleares realizadas por Pyongyang.
Durante el verano del año pasado, Corea del Norte estableció un comité especial para investigar sobre el destino de los ciudadanos japoneses secuestrados por los servicios secretos del país durante las décadas de los años setenta y ochenta del pasado siglo.
En vistas a ello, Japón canceló parte de sus sanciones económicas contra Corea del Norte, al liberar parcialmente las visitas de los ciudadanos, la entrada de buques norcoreanos a los puertos nipones con fines humanitarios y se redujeron las limitaciones de trasferencias monetarias.
Sin embargo, mantuvieron la medidas que más afecta a Corea de Norte, tales como la prohibición de relaciones comerciales y la entrada de buques mercantes a Japón.
También fueron descongeladas las cuentas de organizaciones y personas físicas coreanas en los bancos nipones.
Corea del Norte prometió entregar los primeros resultados de la investigación en otoño pasado, sin embargo, no ha presentado nada hasta el momento.
Tokio insiste en que los servicios secretos de Corea del Norte secuestraron durante los años setenta al menos a 17 ciudadanos japoneses.
Corea del Norte admitió solo 13 hechos.
Cinco rehenes lograron regresar a Japón tras las visitas del exprimer ministro nipón, Junichiro Koizumi, a Corea del Norte, en 2002 y 2004.
Los ocho restantes, según afirma Corea del Norte, fallecieron.
Sin embargo, Japón considera que las pruebas de la muerte de estas personas son poco convincentes o falsas y continúa exigiendo la devolución de todos los rehenes.
