Uno de los principales problemas es que las fuerzas de seguridad de Gaza, así como otros funcionarios de la franja y también de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania no están recibiendo sus salarios desde que el gobierno israelí decidió retener el dinero que les corresponde a los palestinos en concepto de tasas y que recoge Israel en su nombre.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tomó la decisión de no transferir estos fondos, hecho que viola los Acuerdos de Oslo, tras la adhesión de los palestinos al Tribunal Penal Internacional (TPI).
El impago de los salarios a los empleados de las instituciones aún controladas por Hamás ha llevado en los últimos días a que se produjeran protestas en Gaza en las que se llegaron a quemar cajeros automáticos y se atacaron las sucursales de algunos bancos.
Por otro lado, Hamás acusa a la ANP de sabotear los esfuerzos para reconstruir Gaza y como ejemplo ha dicho que la ANP rechaza desplegar a sus fuerzas de seguridad en el paso fronterizo con Egipto. Según Hamás, si estas fuerzas estuvieran allí, la frontera se abriría con más frecuencia.